¡Hola! Hoy es viernes, hora de ponerse al día con lo que pasa en América Latina, de la mano de Mirada Sur. Usted ya conoce nuestra ambición, darle información útil, de forma rápida y concreta, respetando su tiempo e inteligencia, y con una mirada liberal. Esto no siempre es comprendido por algunos suscriptores, que nos han regalado algunos cariños en las últimas semanas. Desde Perú algunos nos acusan de ser repetidores del discurso de la «casta gobernante», cosa rara ya que las ideas de la libertad van justamente en contra de cualquier tipo de casta. Y desde Argentina alguien muy articulado sólo atinó a enviarnos un correo con la palabra «GORILAS», así, todo en mayúsculas. Tal vez algún amigo argentino nos pueda ilustrar si es aguna forma simpatica de elogio local. Pero basta de autoreferencias. Hoy traemos una edición con mucha «carne», y que nos lleva desde los tribunales de Estados Unidos, a la fría Patagonia, y desde Bogotá a Brasilia. Eso sí, le dimos una tregua esta semana a Perú, donde el Congreso sigue debatiendo si adelanta las elecciones o no. Pero, empecemos de una vez.
Alemania mira a América Latina
| El canciller alemán Olaf Scholz estuvo de gira por América Latina. Esto no debería ser una noticia tan inusual como para iniciar esta edición de Mirada Sur. Pero en los últimos años esta región ha estado tan por fuera de la agenda de los grandes líderes mundiales, que esta visita, algo intempestiva, llamó la atención. ¿Qué busca Scholz con esta gira? ¿Por qué se concentró en tres países como Argentina, Brasil, y Chile? Según información oficial, la gira busca reforzar los lazos con la región, marcar posiciones estratégicas pero, sobre todo, ganarle a China en la búsqueda por obtener litio en un esfuerzo por acelerar su transición energética. Las principales naciones desarrolladas compiten por recursos, acceso a metales y tierras raras, muchas de ellas disponibles en Latinoamérica. También está el vital tema energético. Hay un creciente interés alemán por diversificar sus fuentes de energía, para así reducir su dependencia de Rusia. En América Latina ese interés se ha traducido, por ejemplo, en un aumento en las importaciones de carbón colombiano o, en el Cono Sur, en la cooperación en energías renovables. Para entender mejor el asunto consultamos al director del centro de estudios Livres de Brasil, Magno Karl, que además de ser nuestro «brasilerólogo» habitual, conoce muy bien la realidad política alemana. «Scholz es un canciller socialdemócrata. Vino para reunirse con sus homólogos de izquierda (los tres países visitados están gobernados por presidentes de izquierda) y también para promover algunos puntos de política que son importantes para su administración, por ejemplo, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad energética (el partido verde es miembro de su coalición de gobierno y este es un tema crítico en muchos frentes en Alemania)». Según Magno, «América del Sur puede ser realmente útil para Alemania como fuente de materias primas. El caso de Chile, productor de litio, que es importante para la producción de baterías, es el más citado. Además, hay una gran agenda de protección ambiental para Alemania en Brasil, particularmente ahora que Bolsonaro se ha ido. Scholz quiere ser visto como un campeón del cambio energético (con baterías con litio chileno, inversiones en energía sustentable en Argentina -lideradas por empresas alemanas, por supuesto) y preservación de bosques (en Brasil)». «En otros temas, también se discutió el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur. El acuerdo fue detenido por la UE, supuestamente debido a preocupaciones sobre las políticas ambientales de Brasil. Deberíamos ver ahora cómo avanza esto ahora. Lula, que no es fanático de los tratados de libre comercio, dijo que quiere hacer cambios en la propuesta, pero queda por ver si la decisión europea de detener la implementación del acuerdo fue, como dijeron, una reacción a la falta de compromiso de Bolsonaro con la protección del medio ambiente o es, como sospecho, sólo una excusa para mantener sus mercados cerca de los productos sudamericanos». Foto: El canciller alemán, Olaf Scholz, recibido por el presidente brasuleño, Lula da Silva. Cuenta oficial de Twitter de Lula da SIlva |
El polémico líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Francisco Jones Huala, fue capturado este lunes en una provincia sureña de Argentina, luego de casi un año de estar prófugo de la justicia chilena. La detención se produjo a las 4 de la mañana y las autoridades informaron que Jones Huala se encontraba bajo los efectos del alcohol, vestido con pollera. Así se lo puede ver en las imágenes del primer traslado. Al día siguiente, el gobierno chileno comenzó los trámites formales para pedir su extradición.
Nacido en Bariloche, Argentina, Jones Huala es el creador y líder de la RAM, el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo, que busca la recuperación del territorio de los pueblos originarios y la conformación de la nación mapuche, en zonas que hoy pertenecen a Chile y a Argentina. También está vinculado con la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco de Chile (CAM), que ha protagonizado atentados y ataques en la región de la Araucanía y es considerada grupo terrorista. Quisimos saber más sobre este personaje, pero febrero es el clásico mes de las vacaciones en Chile, y muchos de nuestros «corresponsales» estaban fuera de la oficina. Por suerte, encontramos a la periodista y buena amiga de Mirada Sur Paula Schmidt terminando sus valijas, y le pedimos que nos respondiera un par de preguntas.
– ¿Qué tan relevante es la «causa mapuche» en la agenda política chilena?
– Depende desde que perspectiva. Hoy se asocia a esta causa con grupos extremadamente violentos, que están parapetados en un territorio muy amplio, donde no llega el estado chileno, con líderes absolutamente identificados. Una muestra, cuando asumió el gobierno de Boric, la ministra del Interior quiso interiorizarse del tema y viajar a la zona, y fue sacada a balazos. Es un territorio a donde no llega el estado chileno. Suelen tomar campos, diciendo que son tierras tomados por los colonizadores, y lo que hacen es robar y vender madera. También se dice que hay vínculos con el narcotráfico. Esa región es de las más pobres de Chile. El año pasado hubo muchos atentados, como quema de iglesias, de centros comunitarios, y ha escalado la violencia inter grupos. Es un tema muy candente en la agenda política chilena.
– ¿Es representativo de la causa, Jones Huala? ¿Es un líder relevante?
– Te diría que no es asociado como un gran interventor en el tema, pero si es un exponente del mando más bajo del movimiento, se hizo conocido porque la madre es de ascendencia mapuche. Son un poco como los soldados de a pie. Es como un outsider, no es muy conocido, pero si es un exponente de alguien que no tiene real poder dentro de la organización, así que la opinión pública no lo conoce mucho. Es importante marcar que la Araucanía es una de las zonas más pobres de Chile, y este problema ha evitado que se produzcan muchas inversiones en la región. Pero hay organizaciones como la Gremial de la Araucanía, que están trabajando de manera muy valiente para apoyar el desarrollo de la región. Es bueno ver que surgen voces locales que buscan hacer algo positivo para su región dentro de la institucionalidad.
Me gustaría agregar que la mayoría de la población de la Araucanía es indígena, es mapuche, y sin embargo ellos son los que están más expuestos a la violencia de estos grupos minoritarios que usan la violencia para esta supuesta reivindicación. Otra cosa es que la cultura mapuche ha debido padecer un proceso muy largo de exclusión y reconocimiento. En eso, Chile está en el debe. Ha habido esfuerzos, sobre todo a partir del gobierno de Eduardo Frei, cuando se firmó el convenio 169, que busca generar más reconocimiento a la cultura y el arte mapuche. Hoy en día hay mucha más consciencia en Chile sobre la importancia de esta cultura y de estas comunidades.
Foto: Captura de pantalla del sitio web de Interpol
Petro impacta fuera y adentro
Esta semana Gustavo Petro cumple cinco meses al frente del gobierno colombiano. ¿Cinco meses? ¿Y por qué eso es relevante cuando ni siquiera es una cifra redonda? Es que conversando entre quienes llevamos adelante Mirada Sur, nos ha llamado la atención el tono que Petro ha impuesto a su gobierno, sobre todo en materia internacional. Desde que asumió, ha tenido una actitud muy … como decirlo… desenfadada. Opinando sin mayores sutilezas sobre la política de otros países, asumiendo el liderazgo de las causas más polémicas, y haciendo un uso de las redes sociales bastante poco mesurado. Basta recordar sus duros comentarios tras la derrota de la reforma constitucional en Chile, sus opiniones nada sutiles sobre lo que pasa en Perú, una acusación tan grave como liviana contra el presidente uruguayo por temas de narcotráfico. Además ha asumido el liderazgo de agendas ambientales y sociales bastante extremas. Por no decir livianas.
Para entender mejor si el personaje ha sido siempre así, y cómo está cambiando a Colombia su gobierno, nos contactamos con el economista y analista colombiano, Andrés Espinosa Fenwarth, Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Políticas, Hernán Echavarría Olózaga.
– ¿Cómo evaluaría estos primeros meses del presidente Gustavo Petro en Colombia?
– La estrategia del Pacto Histórico que llevó al presidente Gustavo Petro a la presidencia de Colombia comprende los siguientes elementos: el desmantelamiento de los contrapesos políticos, judiciales y periodísticos; la manipulación del lenguaje; la sustitución de la información veraz por la postverdad; la anulación de la oposición y la sustitución por ciudadanos sumisos; y la persecución de sus mejores ciudadanos. La receta populista asoma sus puntiagudas orejas en nuestras tierras.
La desprestigiada clase política colombiana -con la honrosa excepción del Centro Democrático y Cambio Radical- se ha puesto las botas hasta la cintura en el lento pero inexorable proceso de deterioro de la democracia colombiana. La mayoría de los medios de comunicación -no todos- se han vuelto obsecuentes y blandos ante el poder presidencial y su narrativa pseudoprogresista; la academia, varios empresarios y gremios de la producción nacional han hecho lo propio al entregar el crisol de su independencia para garantizar sus concesiones estatales, mantener sus pingües ganancias o evitar la invasión de tierras; elementos que contribuyen al debilitamiento de la democracia y ponen en riesgo la preservación de las libertades económicas, empresariales y de información, como las concebimos y practicamos en Colombia. Por fortuna, en Colombia existen contrapesos que preservan el orden constitucional y la democracia nacional, que se han puesto en marcha.
– A nivel regional, Gustavo Petro ha tenido salidas muy fuertes y comentarios directos sobre política interna de otros países. ¿Cree usted que es una estrategia? ¿O es simplemente su forma de actuar?
– Es por todo conocido que desde la época en que Gustavo Petro era senador y luego precandidato presidencial ha sido vocal -y muy fuerte- en contra de los resultados electorales que no favorecen la consolidación del progresismo ambientalista extremo que corre por sus venas. Este fue el caso de la elección del presidente Guillermo Lasso en abril de 2021 en Ecuador, quien le puso punto final al correísmo de izquierda que gobernó este país durante los últimos 14 años. En efecto, en una serie de mensajes que publicó a través de su cuenta de Twitter, Petro afirmó que Ecuador “entrará en una fase de lucha popular” y arremetió contra el nuevo presidente electo, calificándolo como “un retroceso para América Latina”. Petro ha actuado con la misma convicción política e injerencia en los asuntos internos de Perú. La semana pasada, el presidente de Colombia aseguró que “hoy por hoy hay una crisis” en Perú, donde hay “un presidente elegido popularmente preso”, Pedro Castillo, hecho que calificó como un “exabrupto”.
En consecuencia, no cabe duda que la injerencia de Petro en los asuntos internos de los gobiernos no progresistas de la región, que no siguen los dictados del Foro de Puebla y de la CELAC son parte integral de una estrategia política, y por ello mismo, de su verdadera forma de actuar. La incesante marcha, que ahora se fortalece, hacia la integración de una América Latina y Caribeña progresista de izquierda es una estrategia preparada de forma cuidadosa desde allí para apartarse gradualmente de la influencia de Estados Unidos en la región y acercarse de manera paralela y táctica con China, Rusia, Irán y Turquía.
Foto: Gustavo Petro posa con uno de sus referentes regionales, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador
Confiesa líder del Clan del Golfo
El colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, uno de los capos narcos más poderosos de los últimos tiempos, se declaró culpable en los Estados Unidos de todos los cargos que le pesan: empresa criminal continuada, conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, así como conspiración marítima para tráfico de drogas.
Desde el día de su detención se había mantenido firme en su inocencia, pero el miércoles confesó su culpabilidad ante un tribunal neoyorquino. “Toneladas de cocaína se movieron con mi permiso y mis órdenes de Colombia a Panamá, Costa Rica, Honduras y México”, en un periplo que tendría como destino final los Estados Unidos, reconoció en el marco de un acuerdo con fiscalía, por el que también aceptó pagar una suma de 216 millones de dólares por concepto de incautación y se comprometió a no apelar el futuro fallo. Según detalló al leer su confesión, durante los años que estuvo al frente del Clan del Golfo, entre 2008 y 2021, logró traficar más de 100 toneladas de cocaína. El Departamento de Justicia estadounidense informó que le espera una condena no menor a los 20 años de cárcel.
Quién es. Dairo Antonio Usuga tiene 51 años y formó parte de los principales grupos armados de su país: las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Lideró el violento Clan del Golfo desde 2012, cuando la policía mató a su hermano Giovanni, que era el cabecilla de la organización. El Clan del Golfo es una asociación delictiva dedicada al tráfico de cocaína y la extorsión que se creó tras la desarticulación de las AUC. De acuerdo con estimaciones independientes, la banda cuenta con unos 3.000 miembros entre combatientes y colaboradores. Fueron ellos quienes libraron una brutal represalia en Colombia contra las fuerzas de seguridad cuando se decretó la extradición de Úsuga a los Estados Unidos, apenas unos días antes de que Gustavo Petro llegara a la presidencia.
Al momento en que fue detenido, en octubre de 2021, el notorio narco era uno de los delincuentes más buscados del mundo. Su captura fue el resultado de la “Operación Osiris”, un plan que comenzó en 2015 y que implicó la acción conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía de Colombia, apoyada por los gobiernos de EUA y el Reino Unido, y en la cual Intervinieron 1.200 efectivos de élite, más del doble de los 500 que los que en su momento anduvieron tras la pista de Pablo Escobar.
Iván Duque, presidente de Colombia en ese entonces, dio una conferencia de prensa en la cual aseguró que “éste es el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país y es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar”.
La corrupción sigue siendo el gran problema en América Latina. Así lo indica la ONG alemana Transparencia Internacional, en la edición 2022 de su Índice de Percepción de la Corrupción, presentado el pasado martes. Para su confección se clasificaron 180 países y territorios empleando una escala de 0 (muy corrupto, representado en color rojo oscuro) a 100 (muy baja corrupción, en azul). América Latina, como ya es habitual, volvió a quedar muy mal parada, con más de dos tercios de los países mostrando calificaciones por debajo de los 50 puntos. En el mapa confeccionado por el organismo para graficar los resultados del informe, Uruguay, Chile y Costa Rica se ven como tres pequeñas islitas azules, en el anaranjado océano la corrupción latinoamericana. Un mar que se extiende desde Río Grande a la Tierra del fuego, pintado en diferentes tonos de rojo, y que confirma que la corrupción es un problema endémico que no ha mostrado ningún tipo de mejorías.
En 27 de los 32 países no se ven avances desde 2016. Además, por undécimo año consecutivo, mantuvo un promedio de 43 puntos. Según señaló Delia Ferreira Rubiol, presidenta de Transparencia Internacional, “La corrupción está en la base de todos nuestros fracasos como sociedad”. Rubiol también aseguró que «El dinero que se pierde en corrupción es el dinero que falta en educación, en salud, en infraestructura, en condiciones sanitarias adecuadas y esto afecta claramente a la población».
Peores de la clase. Venezuela, Haití y Nicaragua, son los países más corruptos de las Américas, con puntajes lapidarios de 14, 17 y 19 respectivamente. La nación gobernada por el dictador Nicolás Maduro es, además, una de las 4 más corruptas del mundo, ocupando el puesto 177, por encima apenas de Siria, Somalia y Sudán del Sur.
El caso de Nicaragua es señalado por la organización como “extremo”, ya que existe una gran corrupción concentrada en figuras del Ejecutivo que contribuye a una “violación masiva de derechos”. Además está el problema de la guerra contra la oposición, a través de la cual cualquier disidencia contra el gobierno de Daniel Ortega es castigada con cárcel o incluso con la muerte.
Por el otro lado, los países americanos percibidos como menos corruptos en 2022 fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69). A escala global, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda sacaron las mejores notas.
Trasfondo. El Índice de Percepción de la Corrupción fue creado en 1995 y desde entonces se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. Realiza sus informes utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios. Las fuentes de datos que se emplean para confeccionarlo, estudian las siguientes manifestaciones de la corrupción en el sector público: soborno, malversación de fondos públicos, funcionarios públicos que aprovechan su cargo para obtener lucro personal, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público, excesiva burocracia en el sector, nepotismo en los nombramientos, etc.
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