El primer ministro de Agricultura de Colombia –Jorge Enrique Delgado– asumió el cargo el 7 de agosto de 1914, bajo la presidencia conservadora de José Vicente Concha. Exactamente un siglo después, el Ministro de Agricultura número 100 de nuestra historia republicana jurará defender la agricultura nacional como integrante del nuevo Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
De lo anterior podemos inferir que los altos funcionarios del agro dejan sus cargos y vuelven a la vida civil cada 12 meses.
La ausencia de continuidad de los ministros de Agricultura, de sus directrices y la politiquería limitan la adopción de una visión integral de lo rural, requerida para formular, dirigir y coordinar una política sectorial de largo aliento en favor del campo y sus gentes. La primera administración Santos designó tres ministros agrícolas, con lo cual se mantiene entre el promedio estadístico del último siglo. Esperamos que el segundo Gobierno corrija lo anterior para que el ministro del ramo pueda diseñar y conducir, concertadamente con los privados, la transformación del sector agrario.
La mala hierba del campo es la politiquería regional, donde los parlamentarios azules que hacen parte de la Unidad Nacional ejercen su señorío en el sector agrario oficial como si fueran gamonales de pueblo. Esto no puede continuar si realmente queremos tener una agricultura próspera y un desarrollo rural integrado al resto de la nación colombiana.
El bochornoso incidente denunciado por el diario El Tiempo en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), pone el dedo en la llaga sobre la omnipresencia de la política en la esfera estatal agrícola. Allí, la gerencia encargada de la protección animal y vegetal de nuestro país les exigió la renuncia, en nombre del Ministro de Agricultura, a los subgerentes para darle vía libre a la cuota burocrática de un ilustre cacique político costeño. A la postre, esta mala jugada le costó el puesto a su ejecutor y tiene en capilla ardiente a su gerente general.
A lo anterior se suma la reciente intentona de golpe de mano a la gerencia de Vecol –empresa mixta de productos veterina- rios–, torpemente fraguada para imponer a un recomendado de otro influyente congresista. Estos casos, que lucen aparentemente aislados, son la prueba reina del inquietante abandono de la meritocracia y la politización de las entidades oficiales del agro.
El deterioro del campo colombiano exige un manejo especial, con más ciencia y menos manzanilla, que cumpla las funciones para las cuales fue creado y reestructurado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según lo disponen la Constitución Nacional, la Ley 101 de 1993 y, más recientemente, el Decreto 1985 del 2013. Normas que, en suma, exigen que este Ministerio debe ser el único rector de la política de Estado agropecuaria, pesquera y de desarrollo rural de nuestro país.
