Se requiere una política de diez pilares, que permita reconocer y aprovechar el potencial del campo.
Antes de la pandemia, la agricultura como sector productivo no generaba el interés que concita en la actualidad como proveedor estratégico de alimentos, pilar de la seguridad alimentaria y bastión en la lucha contra la inflación. De tiempo atrás, los analistas han actuado sobre un hecho errado, la supuesta baja participación de la agricultura en el PIB, que, en Colombia, podría bordear el 6% según el Dane.
Estudios recientes comprueban que la contribución del valor agregado de la agricultura a la economía es muy superior en América Latina, incluida Colombia. Un estudio de la FAO sobre Transformación Rural de Carolina Trivelli y Julio Berdegué, el aporte agropecuario ampliado a la economía podría ser del 30% en el país, al igual que, en promedio, en 9 países evaluados de la región.
Los autores sostienen que el peso total de la agricultura ampliada, es decir, aquella que incluye las elaboraciones basadas en insumos agrícolas y los servicios complementarios vinculados con la provisión de semillas certificadas, genética animal, control integrado de cosechas, agroquímicos, servicios veterinarios en el sector pecuario, extensión agrícola, financiamiento rural, sanidad animal y vegetal, representan un multiplicador de la economía agrícola, que podría elevar, en promedio, hasta por cuatro el impacto del valor real de la agricultura. Para comprobar lo anterior, basta con ir a un municipio arrocero como Espinal, en el cual la agroindustria arrocera ampliada aporta cerca del 70% a la economía regional.
Para revertir el enfoque que ha invisibilizado la agricultura colombiana, propiciado su abandono secular y fomentado la politización institucional agrícola, se requiere una política de diez pilares, que permita reconocer y aprovechar el potencial del campo: 1) Priorización de la agricultura como una política de Estado de interés nacional. 2) Protección de la propiedad privada y reforma de la Unidad Agrícola Familiar, que destrabe el mercado de tierras y promueva la agricultura comercial de escala y familiar.
3) Diseño y aplicación de un régimen tributario agropecuario con una tarifa única del impuesto de renta del 10% y depreciación acelerada para maquinaria, equipo y distritos de riego. 4) Implementación del catastro multipropósito, que promueva la seguridad jurídica, el desarrollo y el ordenamiento territorial rural.
5) Formalización del empleo rural con un régimen flexible acorde con los ciclos de producción. 6) Masificación de la asistencia técnica, crédito para los productores -y no para las grandes superficies- y seguro de cosechas aplicable a todas las operaciones de financiamiento agropecuario, pesquero y forestal.
7) Provisión de bienes públicos -vivienda, agua potable, alcantarillado, vías terciarias, electrificación solar, internet-, educación técnica y capacitación especializada para la mujer rural y los jóvenes del campo. 8) Fortalecimiento de la tecnocracia agrícola. 9) Ampliación de la parafiscalidad agropecuaria. 10) Desarrollo integral de la Orinoquia.
¡Candidatos a la presidencia, tomen nota!
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co