El Acuerdo con Venezuela define que la solución de controversias se realizaría exclusivamente por los canales diplomáticos.
Gustavo Petro y Nicolás Maduro realizaron la semana pasada la primera cumbre presidencial binacional en el lomo del puente Antonio Ricaurte (antiguamente Tienditas), que conecta el departamento de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.
La puesta en escena fue meticulosa. De un lado, el presidente Petro posaba con la bandera venezolana a cuestas y el autócrata Maduro lo hacía con la colombiana. Al fondo, los organizadores colocaron sobre las barandas de intenso color amarillo un óleo de gran formato de la gesta liberadora traído especialmente desde el Palacio de Miraflores en Caracas, que representa el heroísmo bolivariano y su apego al socialismo del siglo XXI, evento simbólico que incluyó cantos y bailes venezolanos.
Ambos dirigentes vestían camisas blancas de la paz -Maduro con pespunte rojo socialista-, mientras se ubicaban a ambos lados de una gruesa línea blanca, -que nunca cruzaron-, y que demarcaba la frontera binacional entre las ciudades de Cúcuta y Ureña. Petro y Maduro firmaron nuevamente el Acuerdo de Alcance Parcial No. 28, que originalmente había sido acordado y suscrito el 28 de noviembre de 2011 por el presidente Santos y el comandante Chávez, el cual entró en vigor el 29 de agosto de 2016.
Diez años antes, Chávez -como Ricaurte en San Mateo- volaba los puentes comerciales regionales con el retiro oficial de Venezuela de la Comunidad Andina, que, desde entonces, se mantiene en coma asistido en la ciudad de Lima, Perú, sede la vetusta Secretaria General del Acuerdo de Cartagena.
La reanimación presidencial de un pacto comercial en desuso y pasado de moda, cimentado en el Tratado de Montevideo de 1980, concebido antes de la globalización, y que, además, no genera comercio ni inversión, es una pantomima populista para la tribuna progresista. Salvo que sirva de excusa oficial para promover las exportaciones de gas venezolano a Colombia, el verdadero interés político y financiero de los dos mandatarios y del colorido embajador colombiano en Caracas.
La liviandad inversionista y comercial que anima con fuerza anémica a Colombia y Venezuela, se ratifica con la reciente rúbrica del inocuo y antitécnico Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones por parte de Maduro y del ministro colombiano de Comercio, Germán Umaña.
Además de no cuidar las formas (este es el único tratado internacional suscrito entre un mandatario de un país y un ministro de Estado de otra nación), evidencia serias falencias jurídicas. El Acuerdo -sujeto al examen de constitucionalidad de rigor- determina la no aplicación del trato nacional y la no discriminación, disposiciones presentes en los tratados internacionales desde 1947.
El Acuerdo consagra la expropiación por necesidad sin mayores cortapisas, y define que la solución de controversias se realizaría exclusivamente por los canales diplomáticos, como se estila entre economías socialistas estatizadas, por definición, sin la presencia del sector privado.
¡La frivolidad binacional no tiene límites!
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
HECTOR GUTIERREZ P
Solamente los Empresarios Colombianos que han sido maltratados y defraudados por el gobierno Venezolano son la muestra de que las exportaciones a ese País, nunca más pueden ser manejadas por Guerrilleros y Dictadores.