En el Palacio Liévano se olvidan que el Presidente simboliza la unidad nacional. Como jefe de Estado es la suprema autoridad de la nación.
La cadena de acontecimientos de las últimas semanas debe ser fuente de preocupación ciudadana. El notorio desacato de las directrices presidenciales de reactivación inteligente, escalonada y con los protocolos de bioseguridad aplicables al sector productivo nacional y regional de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, no tiene antecedentes en Colombia.
Además, la alcaldesa perdió autoridad moral frente a los bogotanos al exigir, con mano dura, el estricto cumplimiento del aislamiento social preventivo, y con la otra, violar en familia las disposiciones gubernamentales, e inclusive las suyas propias, de emergencia sanitaria.
Los designios de la alcaldesa muestran las falencias de la elección popular de alcaldes y gobernadores en nuestro país, de la misma manera que su elección es la prueba reina de los desatinos democráticos nacionales derivados de la ausencia de una segunda vuelta para la escogencia de los mandatarios seccionales.
Los verdaderos riesgos con los políticos regionales en la era de la pandemia sanitaria que rige nuestros destinos son el absolutismo y el populismo, ambos sustentados en la explotación de los miedos de los ciudadanos. Miedos que se desbocan con el anunciado confinamiento forzado de al menos tres meses en la capital de la República o hasta que se encuentre una vacuna contra el Covid-19.
La Alcaldía desconoce los resultados de un estudio de la Universidad de los Andes, Uniandes, según el cual cada mes de aislamiento social obligatorio genera pérdidas equivalentes al 7,5 por ciento del PIB de la ciudad y la vulneración económica de 1,2 millones de personas. En tres meses, la cuarentena planteada por la alcaldesa generaría un detrimento de una cuarta parte del PIB, la cual afectaría gravemente a tres millones seiscientos mil residentes capitalinos.
Uniandes muestra que Bogotá tiene mayor vulnerabilidad en varios frentes que el resto del país por su concentración económica en los sectores comerciales y de servicios como hoteles, restaurantes, cines, centros comerciales, bares y discotecas, de suerte que el personal ocupado en estas actividades recreacionales representa el 44 por ciento del total en la ciudad contra el 40 por ciento en el resto del país. Esta particularidad nos deja más expuestos al impacto de la emergencia sanitaria y a los fundados temores de pérdida de empleos por el apagón económico propuesto irracionalmente por la alcaldesa.
El activismo distrital de la alcaldesa podría ser calificado como inconstitucional, pues como afirma el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, “no hay lugar a que los gobernadores o alcaldes se aparten de las disposiciones gubernamentales o de emergencia”.
En el Palacio Liévano se olvidan que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional. Como jefe de Estado, conduce el Gobierno y es, por tanto, la suprema autoridad administrativa de la nación.
Las gobernaciones y las alcaldías forman parte de la rama ejecutiva que dirige el mandatario de los colombianos, Iván Duque, cuyas determinaciones, conforme lo ordena la Carta Magna, prevalecen sobre las demás.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
