La propuesta de reforma pensional abandonaría el criterio de rentabilidad y sostenibilidad financiera de los ahorros privados.
La carencia de dirección y coordinación al interior de la administración del presidente Gustavo Petro superó todas las pruebas con la presentación, apresurada y equivocada, de la propuesta de reforma integral de pensiones de nuestro país, que pretende estatizar el ahorro privado en los Fondos Privados de Pensiones y Cesantías (AFP). La reforma planteada no fue consultada con el equipo económico del gobierno, que en voz baja manifestó su molestia, con lo cual se abre el espacio para un debate público sobre su inconveniencia y su oficial abandono.
La reforma pensional del Ministerio del Trabajo se basa en tres pilares: el pilar solidario, que incluye una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente para tres millones de adultos mayores que, según Asofondos, es loable, pero que no puede financiarse con el ahorro de los trabajadores; el pilar contributivo, que le exigiría a todos los cotizantes del régimen de ahorro individual de las AFP redireccionar sus ahorros, hasta cuatro salarios mínimos, al régimen público administrado por Colpensiones; y el tercer pilar, concebido para personas que tienen ingresos por encima de los cuatro salarios mínimos, que podrían hacer aportes adicionales a las AFP.
En la práctica, la conversión forzosa del ahorro privado de hasta cuatro salarios mínimos de las AFP se traduce en su estatización, es decir, en la expropiación de $15 billones anuales, equivalentes al 85% de los ahorros pensionales privados que reciben las AFP en el periodo. La propuesta de reforma pensional abandonaría el criterio de rentabilidad y sostenibilidad financiera de los ahorros privados -concebidos para financiar la vejez de los cotizantes- y los reemplazaría por cotizaciones forzadas a favor del régimen público de Colpensiones, destinados a la subvención estatal del gasto público pensional.
Para los ahorradores, según Asofondos, la cotización forzosa en Colpensiones se convertiría en un nuevo impuesto, y añadiríamos, en un gravamen de naturaleza confiscatoria, que pone en peligro la posibilidad de pensionarse de los ahorradores que coticen hacia el futuro. La propuesta pensional del Ministerio del Trabajo pondría en riesgo, real e inminente, el sistema de ahorro y reparto pensional, que dejaría de ser sostenible a nivel financiero e institucional. La propuesta pensional del Mintrabajo drenaría una de las principales fuentes de recursos de financiación del Estado en títulos de deuda pública, TES, emitidos por el Ministerio de Hacienda para la financiación del gobierno, con lo cual se disminuiría el apetito de los inversionistas en papeles de deuda oficiales, y, por tanto, en la financiación externa y local del Estado.
Las AFP, que en su conjunto tienen activos invertidos por $335 billones, tendrían que liquidarlos gradualmente para hacerle frente a las exigencias de sus pensionados, con lo cual se amenazaría la solidez del mercado de capitales del país.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
