El comité antiagrícola de asuntos aduaneros y de comercio exterior aprobó la suspensión de la franja de precios y la eliminación de los aranceles para los aceites crudos y refinados, hasta el 30 de junio del 2016. La justificación para esta nueva apertura comercial es, supuestamente, aliviar los gastos de la canasta familiar. Al analizar esta medida, promovida por el Ministerio de Comercio y aplaudida por Asograsas, sobresalen sus verdaderas motivaciones y adversas consecuencias para la agroindustria nacional.
Según el Dane, la contribución de los aceites a la inflación de alimentos del 1,4 por ciento en el mes de febrero consistió en un insignificante 0,03 por ciento. Se comprueba, así, que la rebaja de aranceles a los aceites es una engañifa ajena al control de la inflación, y en consecuencia, no tendrá impacto en la reducción de costos al consumidor final.
Es necesario tener en cuenta que, salvo el aceite crudo de soya estadounidense, los demás aceites vegetales para consumo humano provenientes de Estados Unidos, Ecuador y Bolivia, se encuentran libres de aranceles, gracias a los acuerdos comerciales.
Nos preguntamos, entonces, ¿a quién beneficia y a quién perjudica la eliminación de estos aranceles? La providencia oficial favorece las importaciones subsidiadas de aceite de palma de Indonesia y Malasia, girasol de Argentina y canola de Canadá, en detrimento de la producción, el empleo y el consumo de palma de aceite de producción nacional.
Fedepalma, gremio que congrega y representa a los cultivadores y productores de aceite de palma en Colombia, objeta, con una sólida motivación técnica, la forma y el fondo de la desprotección arancelaria. La agremiación palmera considera que el Ejecutivo les hizo conejo, dado que eliminó la franja de precios y los aranceles a los aceites en medio del proceso de concertación público-privada iniciado durante el segundo semestre del 2015, con lo cual “lesionan la confianza legítima que el gremio tenía en el Gobierno”.
En cuanto a las razones de fondo, Fedepalma estima que “el impacto negativo en los ingresos de la agroindustria estaría alrededor de 220.000 millones de pesos en los próximos seis meses, equivalentes al 13 por ciento de los ingresos del sector”. Es evidente, entonces, que la reducción de aranceles a los aceites es una trasferencia de rentas de la agroindustria palmera a los otros eslabones e intermediarios de la cadena, que no favorece a los consumidores colombianos.
Resulta contradictorio, como manifiesta Fedepalma, que mientras el Ministerio de Agricultura promueve el programa Colombia Siembra y les propone que siembren 150.000 hectáreas nuevas en palma de aceite, el Gobierno suprime los instrumentos de estabilización y protección arancelaria, cuyo restablecimiento se impone. El azaroso cambio de las reglas de juego estropea la institucionalidad del Estado, golpea la seguridad económica y jurídica del sector palmero y desconoce que la palma es un cultivo estratégico de tardío rendimiento, con presencia en 20 departamentos, que requiere políticas estables en el tiempo.