La inserción en la lista Clinton es equivalente a una muerte financiera en EE. UU. y, Colombia incluida.
El régimen bancario en Colombia tiene probada experiencia en el manejo del ingreso a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de EE. UU., que elabora un registro de personas y empresas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero. El listado fue creado mediante la orden ejecutiva 12978 del presidente, Bill Clinton, en 1995.
Desde entonces, esta disposición se conoce mundialmente como la Lista Clinton, cuya designación conlleva severas sanciones económicas y financieras para los sujetos incorporados. Su objetivo principal es impedir que el dinero procedente del narcotráfico circule en el sistema financiero internacional. Una vez que una persona natural o jurídica es incluido en la Lista Clinton, todas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y propiedades en EE. UU. quedan bloqueadas.
Igual ocurre con las entidades, empresas o personas que tengan negocios que apoyen a los designados en la Lista Clinton. Su inserción es, por tanto, equivalente a una muerte financiera en EE. UU. y en su radio global de influencia, Colombia incluida. Por la Lista Clinton han desfilado los siguientes narcotraficantes colombianos: los hermanos Rodríguez Orejuela y todas sus empresas delictivas; Daniel alias ‘El Loco Barrera’, líder de las Bacrim de los Llanos Orientales; alias ‘Chiquito Malo’, capo del Clan del Golfo, que en septiembre pasado inició negociaciones de desmovilización en Doha, Catar, al amparo de la mal llamada ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.
Actualmente se cocina en el Congreso estadounidense una propuesta para incluir al Clan del Golfo como una ‘organización designada como terrorista’. La inclusión de Gustavo Petro en la decisión ejecutiva 14059 es la cereza del pastel de la Lista Clinton, que promete extenderse a otros camaradas. Su designación se dio por “haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.
La designación en la Lista Clinton incluye a su cónyuge marital, Verónica Alcocer, a su heredero, Nicolás Petro, y a su alter ego, Armando Benedetti, por “haber proporcionado, o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico de bienes o servicios para beneficio de Gustavo Petro”.
La jurisprudencia colombiana no admite dudas ni demoras por parte de la banca. La Sentencia SU-167 de la Corte Constitucional de 1999 determina que una persona, por el solo hecho de aparecer en la Lista Clinton, “es una causal objetiva que autoriza la imposibilidad de acceder al sistema financiero”. La Corte analizó el efecto “reflejo” de la lista Clinton, que dejaría universalmente indefensa a la banca colombiana de no proceder al bloqueo financiero automático de todos los connacionales designados frente a las determinaciones espejo de sus corresponsales extranjeros.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP. andresespinosa@inver10.co
Hector Gutierrez
Así como un representante legal de una Empresa privada figura como la cabeza de la Compañía en su manejo y es responsable Comercial, legal y Económico de sus actuaciones en nombre de la entidad, un Presidente que decide gran parte de los manejos Socio-económicos de un País es el responsable ante la comunidad Nacional e internacional del correcto desempeño de las labores propias del máximo dirigente de cada País y representante de toda la comunidad que le está permitiendo gobernar.
En Colombia No se entiende todavía como la totalidad de su población, puede ser representada por alguien que No puede tener las condiciones para comprometer a toda la Nación, con el agravante que su círculo más estrecho ha quedado en una condición igual ó peor que el primer mandatario.
La situación es extremadamente grave para Colombia y el personaje en mención y todos los involucrados tienen la obligación de apartarse en forma inmediata de las decisiones que tanto afectan al País para prevenir daños mucho más graves y mayores; esta decisión debe ser perfectamente clarificada para todos, amigos, compinches, contradictores y opositores a los personajes involucrados. Los entes encargados de La legislación y la Constitución del País deben pronunciarse inmediatamente sobre los dificilísimos pasos que se deben seguir y todas la entidades deben pronunciarse ante el peligro y el desgobierno que se ha generado, que es el PEOR en toda la historia de la Nación.