Esperamos que el desarrollo de la altillanura sea algo más que un sueño y un olvido.
Los Ministerios de Agricultura y Ambiente, apoyados en los trabajos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, identificaron y definieron -en enero de 2018- la frontera agrícola nacional conformada por 40 millones de hectáreas.
Esto significa que el 35 por ciento del área continental de nuestro país -calculada en 114 millones de hectáreas- es apta para el desarrollo de actividades económicas y empresariales en materia agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y de pesca. Con base en esta trascendental delimitación oficial, se multiplicaron las posibilidades para la formulación y la focalización de la gestión de la política pública y de inversión agropecuaria, que promueva el uso eficiente del suelo y el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.
La Orinoquía colombiana debería ser la principal apuesta para el aprovechamiento a gran escala de la frontera agropecuaria ampliada, compuesta por 13,5 millones de hectáreas ubicadas en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guainía. De este total, alrededor de 2,8 millones de hectáreas tienen comprobado potencial agropecuario y forestal, región sujeta a la solución lúcida y oportuna de los cuellos de botella ligados a las bajas economías de escala, reducida fertilidad de las sabanas llaneras, lluvias estacionales, elevados precios de los insumos y carencia de suficientes paquetes tecnológicos y nodos de conectividad con los centros de distribución y consumo nacional e internacional.
El punto de partida de la consolidación de esta visión rural de la última frontera del campo colombiano es la conexión entre Puerto López (Meta) y Puerto Carreño (Vichada), mediante una carretera que bordee el río Meta. La navegabilidad fluvial, la interconexión eléctrica y el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones deberían hacer parte de la consolidación de la mayor despensa potencial de Colombia. Lo anterior garantizaría la sostenibilidad de proyectos productivos en arroz, caña de azúcar, etanol, caucho, maíz, palma de aceite, soya, frutales, explotaciones forestales comerciales, ganadería y porcicultura.
Su desarrollo nos permitiría aumentar el área cultivada y faenada en prácticamente 3 millones de hectáreas, reducir las importaciones de alimentos de 14,5 millones de toneladas a 9 millones de toneladas y generar novecientos mil empleos para el 2030.
El aprovechamiento de la altillanura le pondría fin a 20 años de marasmo productivo rural. Según la publicación estadística de la Fao de 2019, el área cultivada colombiana solamente creció 500 mil hectáreas en 20 años, al pasar de 3,9 millones de hectáreas en 1997 a 4,4 millones de hectáreas en el 2017. En este periodo también se observa una creciente dependencia alimentaria y la consecuente pérdida de soberanía alimenticia, especialmente cerealera, que avanzó del 54 al 64 por ciento.
Así, pues, esperamos que el desarrollo de la altillanura sea algo más concreto y productivo que un sueño y un olvido. O peor aún -parodiando una estupenda novela del escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince- el olvido que veremos.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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