El Gobierno tiene la obligación constitucional de defender el interés nacional, y por eso le corresponde proteger a la agroindustria local de etanol.

La agroindustria de etanol en Colombia se encuentra seriamente amenazada por las masivas importaciones subsidiadas de alcohol carburante de Estados Unidos. La subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo concluyó en una investigación solicitada en junio de 2018 por la Federación Nacional de Biocombustibles, que las importaciones de etanol estadounidense ingresaron con precios subsidiados a productores de etanol y su materia prima, maíz amarillo, por US$6.452 millones entre el 2015 y el 2017.

Los documentos oficiales confirman que estas subvenciones federales y estatales, práctica de comercio desleal prohibida por la OMC y el TLC con Colombia, son el origen del grave daño a la producción nacional de etanol, representado por un deterioro sustancial de las variables económicas y financieras de la agroindustrial nacional, especialmente de las ventas domésticas (-25%), producción (-21%), utilización de la capacidad instalada (-18%), empleo (-13%), utilidad operacional (-12%) y aumento de inventarios finales (191%).

Pese a que Fedebiocombustibles presentó pruebas irrefutables del serio perjuicio económico y social causado a la agroindustria nacional de etanol por las importaciones subsidiadas originarias de Estados Unidos, que ameritaban la imposición de medidas compensatorias de 22,65% para conjurarlo, el Ministerio de Comercio erró en su valoración técnica e impuso derechos compensatorios provisionales menores, entre mayo y septiembre de 2019, de 9,36%.

En este periodo se verificó el continuado aumento de las importaciones subvencionadas de etanol estadounidense, las cuales sustituyeron en 11 por ciento adicional a la producción nacional. Peor aún, las importaciones subsidiadas de etanol de EE. UU. crecieron en 69% anual al pasar de 187 millones de litros en el 2018 a 304 millones de litros en el 2019, con lo cual pudieron capturar, ilegítimamente, el 40% del mercado nacional.

La situación actual es alarmante. De acuerdo con los documentos públicos del proceso administrativo abierto oficialmente contra las importaciones subvencionadas de etanol norteamericano, el apoderado de los productores nacionales, Ibarra Abogados, sostiene que “si no se adoptan derechos compensatorios definitivos en una cuantía que corrija adecuadamente la distorsión, el volumen de importaciones de etanol a precios artificialmente bajos se incrementará aún más, hasta el punto que llegará a desplazar completamente a la producción nacional”.

El documento denominado Hechos Esenciales del Ministerio de Comercio presenta erróneamente escenarios preocupantes con derechos compensatorios definitivos inferiores a los requeridos de 22,65% para remediar apropiadamente el peligroso menoscabo originado por los subsidios estadounidenses, salvar del cierre a los productores de etanol colombiano y evitar que se vayan a la quiebra como Bioenergy.

El Gobierno tiene la obligación constitucional de salvaguardar el interés nacional, y, en consecuencia, le corresponde proteger acuciosamente la agroindustria colombiana de etanol de los subsidios ilícitos estadounidenses con los derechos compensatorios definitivos solicitados.

Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co