La Unión Europea, al iniciar el procedimiento de solución de diferencias en la OMC contra las medidas nacionales y departamentales que afectan a las importaciones de licores, puso en jaque el monopolio de licores de Colombia. En su comunicación oficial del 13 de enero, la Comisión Europea afirma que las autoridades colombianas a nivel nacional y departamental aplican un trato discriminatorio incompatible con las normas de la OMC, que afecta las exportaciones de licores europeos a nuestro país.
Es forzoso reconocer que las autoridades del Viejo Continente tienen, en el fondo, la razón. La verdad es que los gravámenes aplicados en Colombia a los licores importados con un grado de alcohol de 35 por ciento en volumen son superiores hasta 1,6 veces a los impuestos exigidos a los licores nacionales por debajo de este nivel de graduación alcoholimétrica. El meollo de este asunto tiene que ver con la Declaración conjunta incluida en el Acuerdo Comercial suscrito entre Colombia y la Unión Europea el 26 de junio del 2012, el cual entró en vigor el primero de agosto del 2013. A partir de esa fecha, Colombia tenía un plazo de dos años –hoy vencido– para eliminar esta discriminación y otorgar el mismo trato tributario, a nivel nacional y departamental, a los licores nacionales e importados. Cabe añadir que los negociadores colombianos y europeos también acordamos que esta disposición “no impide el mantenimiento y aplicación del monopolio de licores en Colombia”.
A pesar de las repetidas rogativas diplomáticas europeas evidenciadas desde entonces, el Ministerio de Comercio e Industria no ha sido diligente en el cumplimiento de lo acordado entre las partes. Es más, el Ejecutivo desperdició tres reformas tributarias para alinear la tributación de los licores nacionales e importados, poner en pie de igualdad estos gravámenes y preservar el monopolio rentístico de licores consagrado en la Constitución Nacional. El globo de ensayo gubernamental de reforma del régimen de licores incluido en el Plan de Desarrollo 2014-2018, también naufragó; ahora, el Gobierno reza, ansioso, para que el Congreso Nacional –sin mediar pedido de urgencia– aborde en las sesiones ordinarias el proyecto de ley que crea el Impuesto al Valor Agregado Especial para licores, aperitivos, vinos y bebidas similares.
Es preciso señalar que la Comisión Europea erró igualmente al elegir la OMC como el escenario legal para hacer valer su demanda, que jurídicamente corresponde al ámbito bilateral. Posiblemente, lo hizo frustrada por el incumplimiento oficial, para presionar al Gobierno colombiano y conseguir, de paso, apoyo multilateral, dado que Canadá y EE. UU. tienen reclamos análogos, derivados de la prevista inobservancia de lo convenido en la materia en los TLC suscritos con Colombia. En el caso canadiense, el plazo para la armonización del régimen de licores venció el 15 de agosto de 2013; en cuanto a EE. UU., el término expira el próximo 15 de mayo.
¡Pacta sunt servanda, lo pactado obliga!
