En la administración actual de los ineptócratas regionales, los menos capaces para gobernar son elegidos por los menos competentes para producir.
En Colombia, los alcaldes se eligen por voto popular desde la expedición del Acto Legislativo 01 de 1986. La Constitución Política de 1991 permitió el sufragio popular de los gobernadores.
A diferencia de la elección presidencial, no existe el recurso electoral de segunda vuelta o balotaje en la contienda electoral de los mandatarios regionales. Esta limitación antidemocrática le abrió la puerta al señorío de la minoría de izquierda en los principales centros del poder nacional y territorial, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali.
El desgobierno regional de las últimas semanas evidencia la existencia en Colombia de la ineptocracia, vocablo de origen francés (ineptocratie), derivado del inglés (ineptocracy) concebido por Jean d’Ormesson, escritor francés, miembro de la Academia Francesa.
En el idioma de Cervantes, García Marques y Vargas Llosa, no existe el término ineptocracia, que bien podría construirse del adjetivo ineptus en latín -incapaz, no apto ni a propósito para algo- y del elemento cracia también en latín -gobierno, dominio o poder-.
Así, la ineptocracia es el gobierno o liderazgo de los incompetentes, de los ineptos. En la administración actual de los ineptócratas regionales, los menos capaces para gobernar son elegidos por los menos competentes para producir, razón por la cual los otros miembros de la sociedad menos aptos para procurarse su sustento reciben, sin contraprestación alguna, bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios exigidos a un grupo de productores, que en número descendente, se apartan del entramado nacional.
Desde el primer día, el 28 de abril de 2021, los mandatarios regionales han debido acatar la orden de suspensión cautelar de las marchas ciudadanas en medio de los luctuosos contagios y muertes del peor pico de la pandemia. Los alcaldes, como primera autoridad de Policía de cada municipio, responden, por omisión directa, por lo ocurrido durante estas aglomeraciones en materia económica y de salud pública.
Ahora bien, la alcaldesa mayor no puede cohonestar la ominosa ‘toma de Bogotá’ por protestantes y vándalos, apacibles o no. La Constitución Nacional permite las manifestaciones públicas y pacíficas, pero no la ‘toma de las ciudades’, que según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a la ‘conquista u ocupación por la fuerza de una plaza o ciudad’.
Los mandatarios no pueden abrirle paso a la oclocracia, el gobierno de las masas, término acuñado en la antigua Grecia por el historiador Polibio. O cederle la soberanía y el gobierno a una muchedumbre irracional, que delictivamente fomenta o consiente el vandalismo y los bloqueos, carece de capacidad de autogobierno y pisotea el interés nacional.
En este escenario, pasaríamos de la democracia, del gobierno del pueblo, a la regencia de las masas, ausentes de voluntad general legitima, y de la prevalencia del bien común a la dominación de las fuerzas oscuras del narcotráfico, que financian el terrorismo urbano y la obstrucción vial del país.
