La actividad minero-energética en Colombia requiere, con urgencia, seguridad jurídica y ambiental.
De acuerdo con el Dane, la explotación del sector minero-energético de nuestro país se desplomó en 7,7 por ciento en el primer semestre del 2017, como consecuencia de la caída de 11 de las 12 ramas de esta importante actividad económica, con la notable excepción de las esmeraldas, que crecieron el 3,2 por ciento. En los primeros seis meses de este año, sobresalen el declive de la extracción de petróleo crudo y gas natural (-8,8 por ciento); carbón (-2,3 por ciento); oro (-28,4 por ciento), y níquel (-10,3 por ciento).
La merma en la actividad de hidrocarburos obedece a la baja en el precio internacional del crudo, la brutal reducción del presupuesto de Ecopetrol para sísmica y exploración, la declinación de los campos petroleros de La Cira Infantas, Chichimene, Castilla y Rubiales, la proliferación de bloqueos y consultas populares, la elevada carga tributaria y los continuos ataques terroristas del Eln contra el oleoducto Caño Limón Coveñas.
Ahora bien, la encuesta sectorial Brújula Minera 2017 confirma el bajonazo del sector extractivo e identifica las principales razones por las cuales sus directivos reducirían sus operaciones en Colombia en los próximos 5 años: dificultades para obtener las licencias ambientales (26 por ciento); falta de estabilidad jurídica (25 por ciento); ausencia de apoyo del Gobierno (21 por ciento); rechazo de las comunidades generado por la minería ilegal (16 por ciento), baja de los precios internacionales (9 por ciento).
Con sólidas reflexiones, la industria minera considera que hay retrasos injustificados en la concesión de licencias ambientales, ligados, de manera creciente, con las consultas previas y el empoderamiento sin control de las regiones, a pesar de que el Estado es dueño y señor del subsuelo nacional.
En el 2014, el 62 por ciento de los dirigentes mineros planeaban expandir sus operaciones contra el 36 por ciento este año. No sorprende, entonces, el brutal marchitamiento de la inversión extranjera directa del sector minero, la cual pasó –según los datos del Banco de la República– de 2.480 millones de dólares en el 2011 a -97 millones de dólares a finales del 2016. En el primer trimestre del 2017, la inversión extranjera directa minera sigue en terreno negativo con -43 millones de dólares.
Norton Rose Fullbright, uno de bufetes de abogados más prestigiosos y antiguos del planeta, publicó recientemente el documento ‘Visión Minera de Colombia para el 2025’, en el cual confirma que los asuntos ambientales y la inestabilidad jurídica son los desafíos más importantes que enfrenta actualmente la industria extractiva, retos vinculados con las sucesivas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en contra de los legítimos intereses del sector minero, que se traducen en cambios regulatorios, e incluso en la preocupante suplantación de las autoridades nacionales en la expedición de la normativa ambiental.
La actividad minero-energética en Colombia requiere, con urgencia, seguridad jurídica y ambiental, reducción de la carga tributaria y combate eficaz contra la minería ilegal.
