Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, presentó el noveno Informe Nacional de Competitividad 2015-2016, el cual muestra, de forma gráfica y directa, el estado del arte en la materia. El documento incluye un serio y atinado diagnóstico de la ausencia de competitividad internacional, complementado con recomendaciones de política pública y empresarial, que, en su mayoría, deberían ser objeto de reflexión por parte del Gobierno y empresarios nacionales y extranjeros.
En el informe predominan los asuntos tributarios por su perverso impacto sobre la competitividad nacional. El Consejo confirma que, por primera vez en la historia, las elevadas tasas de tributación le ganan la partida a la corrupción como el elemento más problemático para hacer negocios en Colombia.
Según el reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial, la tasa de tributación nacional sobre utilidades asciende a 69,7 por ciento, con lo cual Colombia se ubica en el puesto 179 entre 189 países. A nivel sectorial, las tasas efectivas de tributación de las empresas del ramo agropecuario fluctúan entre 81 y 102 por ciento; en el sector comercio, las tasas oscilan entre 99 y 115 por ciento; en servicios, van de 86 a 95 por ciento, y en manufacturas, de 62 a 72 por ciento. Con estos niveles de tributación, el Ejecutivo desincentiva la inversión productiva y entorpece el funcionamiento de la economía formal.
El problema de fondo de los impuestos nacionales es que el recaudo tributario está en cabeza de 332.825 empresas, que aportan el 18 por ciento de los recursos, mientras 3.441 grandes contribuyentes pagan el 68 por ciento; las personas naturales contribuyen con el 14 por ciento. Con esta base tan pequeña, no sorprende que los ingresos fiscales en Colombia sean inferiores al promedio de los países de América Latina. Pese a lo anterior, el equipo económico gubernamental, en lugar de combatir la evasión –calculada en el 11,9 por ciento del PIB– optó erróneamente por un aumento desaforado de las tarifas de tributación para reemplazar el desplome de los ingresos de Ecopetrol, con lo cual, además de promover la evasión, les puso un chaleco de plomo a las personas naturales y jurídicas, que hacen patria y generan empleo en el país.
El Consejo propone golpear la evasión y eliminar el impuesto a la riqueza, el gravamen a los movimientos financieros y los parafiscales asociados a las cajas de compensación; plantea bajar la tarifa de renta a las empresas al 30 por ciento y ampliar la base tributaria mediante la eliminación de exenciones, salvo aquellas que contrarresten fallas de mercado. En cuanto al IVA, sugiere gravar todos los bienes y servicios a tasas diferenciales, eliminar la categoría de excluidos, permitir su descuento para bienes de capital y redistribuir recursos a los más pobres. Por último, el Consejo propone un régimen único simplificado para personas naturales, con reducción del umbral de cobro y tasas marginales acordes con los niveles de renta.
