El Ministerio de Comercio e Industria prepara, hace varios meses, un nuevo revolcón arancelario, que debería poner en alerta naranja al sector agropecuario nacional. La propuesta en salmuera pretende imponerle una nueva rebaja arancelaria al agro colombiano, que se traduzca en un arancel homogéneo frente a la industria, elimine las actividades de lobby, defina las reglas de juego para operar las cadenas de valor, incremente las importaciones y el PIB.
La realidad es que el sector agropecuario en Colombia no está tan protegido por la política arancelaria como se pretende hacer ver desde el cuartel de sus desorientados detractores. A pesar de tener un arancel nominal más alto que el sector manufacturero, como ocurre en todo el mundo, la agricultura tiene realmente un arancel aplicado promedio menor al de la industria.
Las importaciones de los bienes agropecuarios más sensibles están sujetas a mecanismos de estabilización de precios, regímenes arancelarios especiales, exenciones para su importación y tratados comerciales suscritos por Colombia, que reducen significativamente el arancel aplicado y, en general, la protección efectiva de este sector de la producción nacional, la cual resulta, en consecuencia, menor que la recibida por la industria nacional.
El análisis de las respuestas de la producción a cambios en los precios del sector agropecuario permite deducir que la oferta de cultivos transitorios, medida tanto por área como por niveles de producción, responde a estas modificaciones.
Si los precios caen como resultado de la implementación de una nueva reforma arancelaria, los productos más afectados serían maíz, algodón y los demás cultivos transitorios que se incluyan en este ámbito. En el caso de arroz, se incentivarían las importaciones de Uruguay, con lo cual se pondría en peligro real el sustento de miles de arroceros colombianos.
En lo que atañe a los cultivos permanentes como azúcar, caña panelera y palma de aceite, está comprobado que las decisiones de siembra están influenciadas directamente por el comportamiento de los precios domésticos, de suerte que su descenso, generado por la reforma arancelaria, desestimularía la producción y el empleo sectoriales.
En cuanto a la cadena láctea, una reducción abrupta en el costo de importación de leche en polvo tendría repercusiones directas sobre el precio que se le paga al productor, el cual vería mermados sus ingresos de manera significativa, lo cual puede transformase en mayor desempleo y pobreza en el campo. Igual fenómeno ocurriría con la carne de bovino, cerdo y pollo.
Es previsible, entonces, que la agricultura nacional se vea desplazada por mayores importaciones originarias de Estados Unidos, Mercosur, Unión Europea, Canadá, México, Chile y Nueva Zelanda, como consecuencia de la descaminada apertura hacia adentro.
El proyecto oficial de reforma arancelaria riñe con el principio fundamental contemplado en la Constitución Nacional, que le concede protección especial a la producción de alimentos, cuyo señorío y prevalencia no admiten discusión alguna.
