El Ministerio de Comercio e Industria anunció en la revista Dinero de abril del 2015, la implementación de una nueva política arancelaria. La base para su formulación se deriva de un estudio contratado con el excodirector del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien entregó desde entonces su diagnóstico. Con base en este estudio, que hasta la fecha nadie conoce, el Ministerio de marras ahora proyecta la tercera reforma arancelaria de la presente administración.
Desde comienzos del año se han realizado varios foros para probar las aguas de esta nueva rebaja arancelaria, mediante la presentación preparada por Echavarría en Power Point, titulada ‘Hacia un arancel más equitativo’. El documento expone que “es el momento de hacer un ajuste inteligente” de aranceles, pues “las exportaciones y las importaciones tienen que ser el motor de crecimiento en los próximos años”.
La llamativa etiqueta de la pócima comercial no tiene relación alguna con su nocivo contenido, encaminado, supuestamente, a promover las exportaciones a través de la superflua baja de aranceles, habida cuenta de que el Plan Vallejo y las Zonas Francas les permiten a los exportadores importar materias primas, sin pagar aranceles, desde los años 60.
Erróneamente, el documento se basa en los aranceles nominales, en lugar de utilizar los aranceles aplicados que efectivamente pagan los importadores, a fin de presentar tarifas más elevadas que justifiquen su reducción, o incluso, su eliminación; el texto presenta un análisis incompleto, sin la requerida valoración de impacto comercial, costos relacionados con cierre de empresas, pérdida de empleos y merma de ingresos tributarios.
La realidad es que los aranceles aplicados en Colombia son bajos, como consecuencia de los acuerdos comerciales negociados desde el 2003 y la implementación de las reducciones arancelarias ejecutadas a comienzos de la presente década. En efecto, según la OMC, los aranceles nacionales aplicados son de 5,8 por ciento, en contraste con los niveles de Brasil (13,5 por ciento), Chile (6,0 por ciento), China (9,6 por ciento), Ecuador (11,9 por ciento) y México (7,5 por ciento).
Echavarría debería tener en cuenta dos recientes estudios del Centro Internacional de Comercio –agencia conjunta de la OMC y la ONU– según los cuales, por un lado, cada dólar gastado en promoción de exportaciones genera 87 dólares en exportaciones y promueve 384 dólares en crecimiento económico; y por el otro, el 90 por ciento de las medidas no arancelarias que traban las exportaciones colombianas están representadas por las invasivas inspecciones de la Dian y la Polfa, las exigencias de requisitos técnicos y certificaciones, que por definición son ajenas a los aranceles.
Para los ardientes correligionarios de la apertura hacia adentro, la política arancelaria es un objetivo en sí mismo que busca incentivar las importaciones, sin tener en cuenta si el país se ahoga en el déficit de cuenta corriente más elevado del planeta, o si con ello, entierran los TLC y el programa rural Colombia Siembra.
