Hay que cambiar la decisión de suspensión temporal del CNE y actualizar la licencia ambiental del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.
l Gobierno del
presidente Iván Duque le puso freno de mano al crecimiento exponencial
de los cultivos de coca en Colombia. La confirmación de este hecho
histórico proviene de un informe de la Oficina de Política Nacional de
Control de Drogas de Estados Unidos, según el cual las hectáreas
cultivadas de coca en el país pasaron de 209.000 hectáreas en el 2017 a
208.000 hectáreas en el 2018.
El documento oficial revela que
la producción de cocaína se redujo de 900 toneladas a 887 toneladas en
este periodo. El reporte oficial añade que si bien los cultivos de coca
son altos a nivel histórico, es la primera vez, desde el 2012, que se
observa una reducción. El régimen de Donald Trump también reconoció que
“desde agosto de 2018, se incrementaron los esfuerzos antinarcóticos de
Colombia contra los laboratorios de cocaína y los traficantes de drogas,
cuadruplicando la cantidad de equipos móviles que erradicaron el 56 por
ciento más de coca por mes que en el Gobierno anterior”.
La
política integral antinarcóticos de la presente administración,
denominada Ruta Futuro, comprende la disminución del consumo y la oferta
de drogas ilícitas, la desarticulación de las organizaciones
criminales, la afectación de las rentas del crimen organizado y la
transformación de los territorios rurales involucrados en economías
lícitas. Sus principales resultados están a la vista. Entre agosto de
2018 y junio de 2019, se erradicaron 66.528 hectáreas de coca,
destruyeron 5.072 laboratorios e incautaron 333 toneladas de cocaína.
Pese
a los mencionados avances de la administración Duque, Colombia sigue
siendo el primer productor mundial de cocaína, razón suficiente para no
bajar la guardia, desechar los cantos de sirena que claman por su
legalización e impedir que nuestro país se convierta en un narco Estado.
En consecuencia, es preciso complementar la política antinarcóticos con
la aspersión aérea con glifosato, que por fortuna hace parte de la
renovada caja de herramientas contra los cultivos de coca del Ejecutivo.
Para lograrlo, los ministerios de Justicia, Defensa, Salud y
Medio Ambiente deben cumplir todos a una, como en Fuenteovejuna, con los
requerimientos de la Corte Constitucional en su Sentencia T 236 de
2017, que procuran mitigar el riesgo para la salud humana y la
preservación ambiental de la aspersión aérea de cultivos de coca con
glifosato en zonas distintas de los parques naturales y zonas con
población indígena, que reivindican acciones diferentes de erradicación
-voluntaria y forzosa- por decisión del alto Tribunal.
Así pues,
es menester cambiar la decisión de suspensión temporal del Consejo
Nacional de Estupefacientes y actualizar la licencia ambiental del
glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, con base en una
nueva regulación de evaluación continuada del riesgo de uso del
herbicida, que incluya procedimientos de queja independientes e
imparciales y permitan revisar las decisiones con base en evidencia
científica de mitigación de daño a la salud y medio ambiente de las
zonas asperjadas.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo Instituto de Ciencia Política.
andresespinosa@inver10.co
