La propuesta de impunidad para los integrantes de la primera línea borra de un plumazo la separación de poderes públicos.
El presidente Gustavo Petro anunció desde la ciudad de Pasto, que centenares de jóvenes pertenecientes a la primera línea, apresados en flagrancia e incluso judicializados por vandalismo, daños en bienes públicos y crímenes de lesa humanidad, serían declarados gestores de paz antes de la próxima Nochebuena.
El Gobierno se acoge a lo dispuesto en el parágrafo 1 de la Ley 2272 de 2022, que define la paz total de la administración Petro, según el cual se admiten como gestores de paz “a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.
El Gobierno Nacional se equivoca en materia grave al considerar a la primera línea y sus integrantes como “organizaciones sociales y humanitarias”, que en honor a la verdad, han practicado los horrores de la tortura, el terrorismo y el vandalismo social.
Para el alto Gobierno, la paz total puede convertirse, con esta actuación oficial, en total impunidad. Si bien se mantienen vigentes los procesos judiciales en su contra, la posibilidad de que estos jóvenes delincuentes sean premiados con la excarcelación durante los diálogos de paz -procesos con los cuales no tienen relación alguna-, le tuercen el pescuezo a la justicia y comprometen la majestad del imperio de la ley de nuestro país.
La propuesta de impunidad total para los integrantes de la primera línea borra de un plumazo la separación de poderes públicos entre el ejecutivo y el poder judicial, pone en riesgo el señorío del imperio de la ley y resquebraja los cimientos del Estado de Derecho de nuestro país.
Desde la tarima de la victoria electoral, el entonces presidente electo Gustavo Petro, le solicitó al Fiscal General, Francisco Barbosa -por cierto elegido por la Corte Suprema de Justicia-, que ‘liberara a nuestra juventud, a los jóvenes’. Insinuación, por demás, irrespetuosa de su investidura como entidad independiente de la rama judicial del poder público, con plena autonomía administrativa y presupuestal, orientada a brindarles a los ciudadanos cumplida y eficaz administración de justicia.
El Gobierno Nacional no puede -ni debe- consolidar la impunidad como una política de Estado. El uso y el abuso de la paz total no puede transformarse en una llave maestra para abrir todas las puertas de la política pública y judicial, y borrar con ello la esencia misma de la democracia, la separación de poderes.
El uso y el abuso de la llave maestra de la paz total, como si fuera un ‘Ábrete, Sésamo’ de todos los postigos oficiales, como si fuera un hechizo, un conjuro para quemar puertas y abrir caminos antidemocráticos hacia el más allá, configuran el sendero de la perdición de nuestra democracia liberal, que es preciso preservar a toda costa.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
