La nueva política de seguridad hemisférica del presidente Donald Trump abre una ventana de oportunidad para ponerle punto final a las dictaduras Latinoamericanas. En Venezuela, comenzó con la extracción del narcodictador, Nicolás Maduro, seguido de una posible intervención blanda y sin ejércitos en tierra en Cuba y Nicaragua, las satrapías comunistas de origen castrista más antiguas de la región.
Vale recordar que hace 40 años, el entonces presidente Ronald Reagan calificó a los sandinistas en el poder en Nicaragua -que en 1979 habían derrocado al dictador Anastasio Somoza Dabayle- como “una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos” y les impuso un embargo comercial. Nicaragua se vio forzada a implementar los Acuerdos de Esquipulas, que promovían la reconciliación, la democratización y el fin de la guerra civil.
La celebración de elecciones democráticas les permitió a los nicaragüenses elegir a Violeta Chamorro, luego a Arnoldo Alemán y finalmente a Enrique Bolaños, quienes, desde 1999, gobernaron el país durante 17 años. En 2007, Ortega y el sandinismo comunista regresaron al poder, junto con su esposa, Rosario Murillo, elegida vicepresidenta en 2017 y designada copresidenta en 2025, a través de una cuestionable reforma constitucional.
Los Ortega convirtieron a Nicaragua en una dictadura brutal, oprobiosa, hereditaria y personalista. La suspensión de todas las garantías constitucionales, la persecución y el apresamiento arbitrario de los activistas políticos de oposición ha sido la resultante de un control absoluto de los autócratas Ortega de todos los poderes públicos y de seguridad del Estado. La brutal represión a los opositores se ejerce por medio de un conjunto de leyes como la Ley Ciberdelitos, que sanciona a cualquier persona que tenga o comparta información considerada como una amenaza por el gobierno, que incluye la cadena perpetua por “crímenes de odio”; y la Ley Guillotina, que le otorga al oficialismo nicaragüense un amplio margen para apartar de las elecciones a los opositores que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional o exijan o aplaudan sanciones internacionales contra Nicaragua.
Donald Trump y el Pentágono tienen la palabra.
