Por Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies
Yanhaas mide semanalmente el pulso de la opinión nacional. La encuesta publicada el 11 de septiembre de 2017, confirma que el 89 por ciento de los colombianos encuestados considera que la economía está “estancada o en retroceso”. Tan solo el 6 por ciento considera que las expectativas del empleo en nuestro país son “buenas”.
Cabe preguntarse, entonces, ¿cuál es el verdadero estado actual de la economía? ¿La situación es tan mala como muestran las encuestas? Para responder objetivamente a estos legítimos interrogantes, examinamos a continuación la situación actual de la agricultura, la industria y el sector minero-energético.
Agricultura
Según el Dane, durante el primer semestre de 2017 el PIB creció tan solo 1,2 por ciento, gracias a la agricultura, los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; pese al retroceso industrial y del sector minero energético. Ahora bien, la agricultura colombiana es que creció el 6,1 por ciento en el primer semestre de 2017, en claro contraste con la recesión industrial del periodo (-1,5 por ciento), el desplome del sector minero-energético (-7,7 por ciento), el deterioro de la construcción (-0,6 por ciento) y el estancamiento del comercio y el transporte (0,2 por ciento). No sorprende, entonces, que el crecimiento del PIB en los primeros seis meses del año sea un mediocre 1,2 por ciento, el más bajo de la presente década.
Ahora bien, el notable comportamiento del agro se explica por el aumento significativo de la producción de cereales (35,7 por ciento), papa (17,7 por ciento), frutas (8,8 por ciento), aceites y grasas vegetales (47,5 por ciento), flores (4,4 por ciento), sumado al favorable desempeño de la avicultura (4,8 por ciento), porcicultura (1,9 por ciento) y lechería (14,3 por ciento), matizado por el decrecimiento de café (-4,1 por ciento), ganado bovino (-6,1 por ciento) y azúcar (-0,4 por ciento), resultantes de la demora en la floración de los cafetos por el exceso de lluvias y el desestimulo oficial a los ganaderos y azucareros colombianos.
Así, es entendible que el saliente ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia y sus asesores reclamen como propio el robusto impacto de Colombia Siembra en la expansión del agro, sector jalonado por el aumento en el cultivo de 1.159.516 hectáreas, la generación de 307.490 nuevos empleos y la producción adicional de 4.567.835 de toneladas de alimentos.
Lo malo del agro tiene que ver con el irreflexivo recorte del 37 por ciento en el presupuesto sectorial para el 2018, el abultado nivel de importaciones de 6.845.696 toneladas de productos agropecuarios del primer semestre de 2017 y la inversión ociosa no agrícola de 10 billones de pesos en títulos de deuda pública de la Nación por parte del Banco Agrario. Adicionalmente, en opinión de la SAC, “a Colombia Siembra le faltó Colombia Vende” para que los productores no caigan en manos de los intermediarios, como ocurre todos los años en los meses previos a la recolección de cosechas, asunto particularmente agudo en los mercados de arroz y maíz.
Lo peor del agro es la voraz politización del Banco Agrario, Finagro y el ICA -entidades adscritas al silente Ministerio de Agricultura-, que se tradujo, por un lado, en la imputación por parte de la Fiscalía General de delitos de administración desleal a varios funcionarios del Banco Agrario, con motivo del desembolso de crédito por 120 mil millones de pesos a favor de Navelena, filial de la torcida multinacional brasilera Odebrecht; y por el otro, en la suspensión del estatus de país libre de aftosa con vacunación y la pérdida de mercados internacionales, ambas ligadas al contrabando de reses amparadas por la expedición fraudulenta de guías de movilización de animales a cargo del ICA.
Industria
Durante los últimos 25 años, la industria colombiana ha perdido participación en el PIB, como consecuencia de un lento pero constante proceso de desindustrialización, fuertemente vinculado con la apertura económica de la época y la preponderancia otorgada posteriormente al sector minero-energético. A lo largo de este sinuoso divagar, el país abandonó la estrategia de la industrialización, ligada entonces a la sustitución de importaciones, y decimó luego la protección arancelaria para entregarle la actividad industrial a las fuerzas del mercado.
El comportamiento reciente de la manufactura nacional evidencia la profundización de la destrucción de la base industrial colombiana, actualmente sumida en una pavorosa recesión industrial, que no parece preocuparle demasiado al Gobierno Nacional, dedicado de manera prioritaria -y casi exclusiva- a la implementación del proceso de paz. Según el Dane, el sector manufacturero decreció 1,5 por ciento en el primer semestre del año. De los 24 sectores que componen la industria manufactura, 17 registraron caídas significativas de la actividad económica, equivalentes al 70 por ciento del total. Se destacan el impresionante derrumbe de la fabricación de equipo de transporte (-11,4 por ciento); metalurgia (-10,1 por ciento); hilatura (-9,2 por ciento); muebles (-6,9 por ciento); curtiembres y calzado (-6,4 por ciento); bebidas (-5,5 por ciento); textiles (-5,1 por ciento); confecciones (-5,1 por ciento); maquinaria y equipo (-4,2 por ciento); impresión (-2,3); ingenios azucareros y trapiches paneleros (-2,5 por ciento).
De acuerdo con Bruce Mac Master, presidente de la Andi, las razones de fondo que explican la desindustrialización en Colombia tienen que ver con fallas estructurales de la política pública, entre las cuales sobresalen la ausencia de preparación del aparato productivo para enfrentar la apertura económica y los TLC, al asumir de manera ingenua o errónea, que el mercado era el gran optimizador de la economía; el rechazo oficial a cualquier forma de política de desarrollo industrial; y el desconocimiento por parte de la clase política colombiana del papel dinamizador del sector privado en el desenvolvimiento de la economía nacional.
Fabricato, con 97 años de historia a cuestas, presentó la cruda visión empresarial del cataclismo industrial colombiano, al anunciar la suspensión temporal de sus actividades fabriles por el entorno negativo de la economía del país, el contrabando de productos textiles y la rebaja de aranceles que promueve la masiva importación de telas y prendas. Según sus directivas, estas circunstancias “han afectado de manera sistemática las ventas y han incrementado los inventarios de producto terminado, haciendo que la operación industrial resulte negativa durante el primer semestre”.
La destrucción de la actividad fabril colombiana exige una nueva estrategia de industrialización, que separe la Aduana de la Dian y le otorgue prevalencia al fortalecimiento de las medidas de defensa comercial, promoción de la producción y materias primas domésticas, reducción del costo país, competitividad, desarrollo de infraestructura de transporte y logística, todo enmarcado en políticas de apoyo al emprendimiento privado, innovación, conectividad digital, educación tecnológica y bilingüismo a nivel nacional.
Sector Minero-Energético
Según el Dane, la explotación del sector minero-energético de nuestro país se desplomó en 7,7 por ciento en el primer semestre del 2017, como consecuencia de la caída de 11 de las 12 ramas de esta importante actividad económica, con la notable excepción de las esmeraldas, que crecieron el 3,2 por ciento. En los primeros seis meses de este año, sobresalen el declive de la extracción de petróleo crudo y gas natural (-8,8 por ciento); carbón (-2,3 por ciento); oro (-28,4 por ciento) y níquel (-10,3 por ciento).
La merma en la actividad de hidrocarburos obedece a la baja en el precio internacional del crudo, la brutal reducción del presupuesto de Ecopetrol para sísmica y exploración, la declinación de los campos petroleros de La Cira Infantas, Chichimene, Castilla y Rubiales, la proliferación de bloqueos y consultas populares, la elevada carga tributaria y los continuos ataques terroristas del ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveñas.
Ahora bien, la encuesta sectorial Brújula Minera 2017 confirma el bajonazo del sector extractivo e identifica las principales razones por las cuales sus directivos reducirían sus operaciones en Colombia en los próximos 5 años: dificultades para obtener las licencias ambientales (26 por ciento); falta de estabilidad jurídica (25 por ciento); ausencia de apoyo del Gobierno (21 por ciento); rechazo de las comunidades generado por la minería ilegal (16 por ciento); baja de los precios internacionales (9 por ciento).
Con sólidas reflexiones, la industria minera considera que hay retrasos injustificados en la concesión de licencias ambientales, ligados, de manera creciente, con las consultas previas y el empoderamiento sin control de las regiones, a pesar de que el Estado es dueño y señor del subsuelo nacional.
En el 2014, el 62 por ciento de los dirigentes mineros planeaban expandir sus operaciones contra el 36 por ciento este año. No sorprende, entonces, el brutal marchitamiento de la inversión extranjera directa del sector minero, la cual pasó -según los datos del Banco de la República- de 2.480 millones de dólares en el 2011 a -97 millones de dólares a finales del 2016. En el primer trimestre del 2017, la inversión extranjera directa minera sigue en terreno negativo con -43 millones de dólares.
Norton Rose Fullbright, uno de bufetes de abogados más prestigiosos y antiguos del planeta, publicó recientemente el documento “Visión Minera de Colombia para el 2025”, en el cual confirma que los asuntos ambientales y la inestabilidad jurídica son los desafíos más importantes que enfrenta actualmente la industria extractiva, retos vinculados con las sucesivas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en contra de los legítimos intereses del sector minero, que se traducen en cambios regulatorios, e incluso en la preocupante suplantación de las autoridades nacionales en la expedición de la normativa ambiental.
La actividad minero-energética en Colombia requiere, con urgencia, seguridad jurídica y ambiental, reducción de la carga tributaria y combate eficaz contra la minería ilegal.
@aespinosafen
