Las consecuencias de la venta de España para obtener la investidura de Sánchez son de profundo calado institucional.
El socialista Pedro Sánchez, presidente en funciones del gobierno español, ha puesto en práctica las turbias experiencias contenidas en su libro, El manual de resistencia, compendio personal de resiliencia del todo vale y ‘el fin justifica los medios’ de su insigne maestro florentino, Nicolás Maquiavelo.
El oscuro y preocupante proceso de negociación de Sánchez con los independentistas catalanes de los escaños que le hacen falta para concretar su investidura de gobierno en el Congreso de los Diputados español ha prendido las alarmas políticas y constitucionales por las gravosas concesiones acordadas.
Entre ellas, se destacan la amnistía inconstitucional de los delitos cometidos con ocasión de los violentos episodios independentistas catalanes ocurridos el 1 de octubre de 2017, incluidos las fechorías de corrupción y malversación que se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado, la condonación ilegal del 20% de la deuda de Cataluña con España y el traspaso ilegítimo de la propiedad estatal de las Rodalies -el tren de cercanías catalanas-, extensible a otras comunidades autónomas.
Las consecuencias de la venta de España para obtener la investidura de Sánchez son de profundo calado institucional, que le abren la puerta a una inestabilidad política nunca vista en la joven democracia española. En la atinada opinión del expresidente de gobierno, José María Aznar, “Sánchez es un peligro para la democracia constitucional que ha cruzado todas las líneas rojas. Eso se llama abrir una crisis constitucional sin precedentes en el país”.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo piensa, con razón, que “hoy Charles Puigdemont -presidente independentista de la Generalidad de Cataluña entre 2016 y 2017, actualmente prófugo de la justicia española- está decidiendo el futuro del país” desde Bruselas. Y añade: “cambiar votos por impunidad es corrupción”.
El comportamiento sinuoso y oscuro del jefe de gobierno en funciones y de su partido, el PSOE, evidencia que los socialistas españoles están dispuestos a asumir cualquier costo a cambio de la investidura de Sánchez.
No sorprende, entonces, el grueso calado de las criticas constitucionales y legales del órgano consultivo español, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, el cual considera que “la amnistía negociada por Sánchez supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España”; les preocupa que se haya pactado con un “prófugo de la justicia, que se beneficiará personalmente de la medida”, y que el PSOE “confunda el interés de España con el interés del presidente del gobierno en funciones para evitar la formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya, algo que es manifiestamente incompatible con la alternancia política”.
Para Sánchez, por la investidura, vale la pena poner en riesgo la democracia española, romper la Constitución de 1978 y derogar el Estado de Derecho.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
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