De acuerdo con la OCDE, la informalidad laboral en Colombia, del 47,9%, es uno de los principales problemas estructurales de nuestro país.
La creciente tasa nacional de desempleo del Dane es fuente de notable preocupación en los círculos del alto Gobierno. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó que “los números del mercado laboral son muy regulares”, con una tasa de desempleo del 10,1% en el trimestre de abril a junio de 2019 respecto del 2018, cifra muy por encima del promedio de la OCDE, que es del 5,8%, y solo superada por Grecia, España, Italia y Turquía. A lo anterior se suma la reducción de la tasa global de participación del 64,3% al 62,9% en igual periodo, comportamiento que confirma lo siguiente: en Colombia hay menos personas buscando trabajo hoy que hace un año. Según el Dane, en 5 ciudades de las 23 analizadas se redujo el desempleo en el 2019 (Armenia, Manizales, Bogotá, Pereira y Cartagena). En las otras 18 capitales, se evidenciaron incrementos significativos del desempleo, como en Bucaramanga, donde el número de trabajadores sin empleo pasó de 9,3% en el 2018 a 10,5% en el 2019.
De acuerdo con la OCDE, la informalidad laboral en Colombia, del 47,9%, es uno de los principales problemas estructurales de nuestro país. En Chile es del 10%. Los trabajadores informales no están cobijados por la legislación laboral, ni por la seguridad social, y por tanto, están expuestos a condiciones de trabajo inseguras, sin oportunidades de formación laboral, con ingresos irregulares y jornadas laborales más extensas. En Colombia, el 51,3% de los trabajadores lo son por cuenta propia, nivel que contrasta con el 27% en México y el 17% en la OCDE. La informalidad también es elevada entre los empleados; alrededor del 42% no contribuye al sistema de pensiones, dato muy superior a la mayoría de las demás economías emergentes.
Para aliviar las debilidades del mercado laboral colombiano, la OCDE recomienda: 1) mejorar la implementación de las leyes laborales; 2) facilitar la afiliación de los trabajadores a la seguridad social por parte de las empresas; 3) cerrar la brecha de habilidades entre oferta y demanda; 4) establecer niveles diferenciales de salario mínimo por edades y regiones.
