Gobierno y tribunal constitucional deberían analizar esta providencia de la EPA para permitir la aspersión área de cultivos de coca con glifosato.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) se instituyó en Washington a finales 1970 para consolidar las actividades federales de investigación, monitoreo, definición y cumplimiento de normas de protección de la salud y el medioambiente.
Por su trayectoria, objetividad y fundamento científico, la EPA es considerada un referente internacional de primer nivel en los asuntos de su competencia, incluidos la revisión periódica y posterior registro de herbicidas como el glifosato.
A finales de abril, la EPA determinó que “el glifosato no era cancerígeno para los humanos”, decisión basada en una evaluación científica independiente de salud e impacto ambiental de todas sus formulaciones y medios de utilización pública y privada. A diferencia de la cuestionable apreciación realizada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc, por sus siglas en inglés), que en el 2015 consideró que “el glifosato era probablemente era cancerígeno”, la EPA no identificó riesgo alguno para los humanos en su completa evaluación de riesgo de exposición al glifosato. Este peritaje, por cierto robusto y transparente, le permitió a la EPA revertir con fundamento técnico las endebles conclusiones de la Iarc, que tanto daño le han hecho al país al amparar los cultivos ilícitos. Perjuicio generado, especialmente, por las equivocadas disposiciones de la anterior administración y la subsecuente prohibición de la Corte Constitucional despachada a las volandas contra la aspersión aérea de campos de coca con glifosato.
La EPA completó un nuevo análisis del uso del glifosato en la agricultura de Estados Unidos entre el 2012 y el 2016. Según este examen, el glifosato fue utilizado como un versátil herbicida de amplio espectro en un área de 115 millones de hectáreas –equivalente a la superficie de Colombia– en siembras de soya, maíz amarillo, algodón, árboles frutales y nueces. A ello se suma la extensa aplicación del glifosato como herbicida matamalezas en zonas de conservación ambiental, jardines residenciales, áreas acuáticas, industriales, bosques y vías de acceso de trenes y vehículos, todo lo cual corrobora sus amplias funciones e innegables beneficios.
No obstante, la EPA identificó riesgos potenciales en plantas terrestres y acuáticas por la deriva en la aplicación del glifosato, para lo cual propuso medidas especiales de manejo que permitan preservar la plena utilización de este herbicida en la lucha contra las malezas invasivas. Así, pues, la EPA propuso actualizar las etiquetas de los fabricantes de glifosato para que incluyan parámetros máximos de aplicación, advertencias para uso acuático, clarificaciones para la rotación de cultivos y un marco de referencia para su comercialización. La EPA otorgó un plazo de 60 días para consultas y comentarios con el propósito de recoger elementos de juicio adicionales antes de proferir su decisión final.
El alto gobierno y el tribunal constitucional deberían analizar esta providencia de la EPA para permitir, con los ajustes propuestos, la aspersión área de cultivos de coca con glifosato.
