La suspensión de la licitación pública para la expedición de pasaportes y visas colombianas por parte de la Cancillería se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre por orden de la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro decidió que “no permitirá licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten”, aseguro el mandatario.
A la licitación internacional, que adjudicaba un contrato por un valor de 599.651 millones de pesos, se presentaron once empresas, entre ellas Thomas Greg & Sons, TGS, un respetado y experimentado consorcio de mayoría accionaria colombiana, que es el contratista actual desde 2007. Después de conocer los detalles de la convocatoria, siete de las empresas participantes decidieron retirarse al alegar que el proceso presuntamente favorecía a TGS.
Así pues, competidores hubo, pero se retiraron al final del camino. Ahora, el principal problema radica en que el contrato vigente para la expedición de pasaportes vence el próximo 2 de octubre. La Cancillería declaró, el 14 de septiembre, el estado de urgencia manifiesta por 12 meses para asignar esta millonaria y estratégica licitación a dedo, a un único proponente, en abierta contradicción con la pluralidad que reclama la Presidencia.
La Procuraduría General de la Nación notificó el inicio de una investigación disciplinaria contra el canciller, Alvaro Leyva y el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, por la controvertida y arbitraria suspensión del proceso de licitación de pasaportes y visas de Colombia.
Es difícil dilucidar que hay detrás de la serie de autoritarias acciones adelantadas por la Cancillería, que a la postre, le ponen freno de mano oficial a la expedición de pasaportes y visas colombianas, acciones que ahora abarcan la expedición de cédulas de extranjería, cuya licitación también fue abruptamente suspendida. Sin embargo, es pertinente traer a colación lo que ocurre en Venezuela desde 2005: trabas y demoras injustificadas en la expedición de pasaportes, diseñadas para ejercer control político de las salidas del país de los venezolanos, política también asociada a los negocios oscuros por parte del Estado. ¿Se repetirá la historia en Colombia?
