Para ello, el Senado y la Cámara deben aprobar una ley que convoque a elecciones, sujeta al examen previo de la Corte Constitucional.
La fogosa implosión controlada desde la Casa de Nariño de la coalición política reduce de manera significativa la gobernabilidad del presidente, Gustavo Petro, aumenta la polarización, inaugura el equivocado proceso de destrucción de sus contradictores políticos, que se agrava con el balconazo contra el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, y despeja el camino para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Petro no sería el primero ni la excepción entre los mandatarios de izquierda de Latinoamérica en acudir al pueblo para refundar la nación, estatizar la economía, nacionalizar los recursos naturales minero-energéticos, reformar la Constitución y aprobar la reelección.
Por el contrario, prácticamente todos los gobernantes comunistas y socialistas de la región han escogido el sinuoso sendero de la Asamblea Constituyente. Petro siempre ha tenido clavada entre pecho y espalda la espinita de la Constituyente, que, por cierto, hizo parte de su campaña presidencial en 2018.
Con el correr de los tiempos, Petro decidió, como presidente electo, moderar su discurso a favor de una coalición de amplio espectro, que le permitiera ser elegido, fraguar una mayoría política y reconocer el apoyo del santismo y de las ovejas descarriadas de los partidos tradicionales, en particular, del Liberalismo y el Conservatismo, en su saga hacia el solio presidencial.
La coalición política manejada por Roy se convirtió en una poderosa aplanadora, que le permitió moler a los capitanes de industria y a la clase media trabajadora con la reforma tributaria más onerosa y confiscatoria de la historia económica de Colombia.
La caída de la reforma política se tradujo en el abrupto cierre del tarro de mermelada oficial, y, en consecuencia, en el principio del fin de la coalición gubernamental, que fue defenestrada sin miramientos políticos por Petro la semana pasada; impulsada por el desespero presidencial ligado al sainete registrado en el proceso inconstitucional que rodea la cuestionada reforma gubernamental de la salud en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.
El Poder Ejecutivo entra en tierra derecha hacia un Gobierno populista en emergencia, sin mayorías políticas en el Congreso, donde reposan los principales revolcones de la administración en salud, trabajo, pensiones, acogimiento de narcos y reforma carcelaria.
El presidente del Senado, Roy Barreras, afirma que los tiempos legislativos ordinarios son insuficientes para sacar estos proyectos de ley. Petro, atrapado en su laberinto, planea acudir al pueblo soberano para presionar las reformas o la revolución, escenario altamente indeseable que puede desembocar en una Asamblea Constituyente, conforme lo dispone el artículo 374 de la Carta Magna.
Para ello, el Senado y la Cámara deben aprobar una ley que convoque a elecciones, sujeta al examen previo de la Corte Constitucional. Para su entrada en vigor, debe ser aceptada por la tercera parte del censo electoral, es decir, por 11.500.000 ciudadanos, umbral inalcanzable con los niveles actuales de impopularidad de Petro.
ANDRÉS ESPINOZA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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