Las iniciativas oficiales y empresariales organizadas, conforme a la ley, en favor de la legalidad, generan beneficios para la economía y la sociedad.
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, estudia de tiempo atrás el negativo impacto de las economías subterráneas (informales, ilegales y criminales) en la institucionalidad, la seguridad ciudadana, las condiciones de desarrollo, el clima de los negocios y el progreso social sostenible de nuestro país. Estas economías se asocian a una cultura de ilegalidad que ha permeado los poderes públicos y los estamentos empresariales, derivadas de ambientes con una institucionalidad débil o inexistente, precaria presencia del Estado y capacidad limitada para asegurar el imperio de la ley, especialmente en las regiones más remotas de Colombia.
De acuerdo con el análisis del Instituto y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, titulado ‘Participación, gasto público y economías subterráneas: desafíos institucionales, empresariales y ciudadanos’, las carencias institucionales, el déficit en la provisión de bienes y servicios públicos, así como el entorno cultural permisivo con la informalidad, la ilegalidad y los negocios ilícitos, “favorecen las economías subterráneas, cuyo florecimiento y expansión genera un círculo vicioso que conduce a reforzar la debilidad institucional y distorsiona el funcionamiento del conjunto de la economía, con graves repercusiones no solo para las condiciones en que operan los actores económicos legales, sino para el bienestar de la sociedad en su conjunto”.
Según la Encuesta de Percepción del Riesgo de Lavado de Activos 2018, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), las principales actividades ilícitas que dominan en nuestro país son la corrupción (67%), el narcotráfico (58%), el contrabando (57%), la extorsión (44%) y la evasión tributaria (38%). Las actividades económicas delictivas en Colombia se lucran de los negocios inmobiliarios y edificaciones (43%), comercio al por mayor y al por menor (37%), juegos de azar (33%), construcción y obras civiles (31%), entidades sin ánimo de lucro (25%) y hoteles y restaurantes (24%). Los encuestados por la UIAF observan que los tres principales medios usados por las organizaciones delincuenciales para realizar sus transacciones son el pago en efectivo (60%), el intercambio de bienes (52%) y los giros postales de pago nacionales (27%).
Así las cosas, la tipología de la economía criminal en Colombia es preocupante. La economía subterránea alimenta diversos círculos viciosos, que nos alejan cada vez más de la legalidad, el emprendimiento corporativo, la formalidad laboral, el virtuosismo de la actividad política y la sana movilidad social. De ahí la importancia de los anuncios del presidente Iván Duque en torno a la consolidación de “un plan de desarrollo que sea un pacto por Colombia, por el futuro, por la legalidad, por el emprendimiento, base de nuestro crecimiento económico y social”.
Las iniciativas oficiales y empresariales organizadas y desarrolladas, conforme a la ley, en favor de la legalidad y el emprendimiento, generan una serie de beneficios para la economía y la sociedad, que es necesario promover para cortar de tajo la creciente ventaja y participación de las economías delictuosas, que atentan, azarosamente, contra la estabilidad democrática de nuestra nación.
