Por esta época se celebran dos aniversarios de la mayor trascendencia para la política exterior de nuestro país. El primero tiene que ver con la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpa), componente comercial de la guerra contra las drogas, que el presidente George Bush promulgó hace 25 años.
Estas preferencias unilaterales, no recíprocas, concedían acceso sin aranceles al mercado estadounidense a un grupo significativo de mercancías de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por 10 años. En octubre del 2002, el presidente George W. Bush promulgó la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (Atpdea), que renovó temporalmente el esquema de preferencias comerciales regionales, sustituidas luego por el TLC negociado con Estados Unidos durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, e implementado después por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
La segunda conmemoración se refiere a los 15 años del Plan Colombia, formulado por el presidente Andrés Pastrana Arango en septiembre de 1999. Este programa de ayuda y cooperación de EE. UU., se fundamentó en la imperiosa necesidad de fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas y en la incapacidad nacional para enfrentarlo como Estado fallido, surgido de los fragores del proceso 8.000. Pastrana le propuso al entonces presidente estadounidense Bill Clinton “un plan que fuera represivo con la producción y el tráfico de drogas, pero que también fortaleciera las Fuerzas Armadas, las instituciones democráticas y aumentara la inversión social”. Ahora, Pastrana teme que el mandatario, Barack Obama, se vea enfrentado a la contingencia de materializar el sepelio del Plan Colombia.
Estos programas de cooperación comercial y fortalecimiento militar, esenciales para la lucha contra las drogas ilícitas de los últimos 25 años, se fundamentan en la doctrina respice polum –mirar hacia el norte–, que ha regido exitosamente buena parte de la política exterior colombiana. En oposición a la escuela respice simila –mirar a los semejantes–, que ha guiado la inserción internacional con nuestros vecinos de forma cada vez más distante.
Lo anterior se comprueba al vislumbrar el fuego amigo originado por el indignante cierre de la frontera, la mezquina prohibición de envío de remesas y las peligrosas incursiones militares desde Venezuela; las infames salvaguardias comerciales de Ecuador; el abandono de la CAN y la ausencia de cooperación de Panamá para combatir el lavado de activos y el contrabando.
Es preciso reconocer que la estrategia del finado presidente Virgilio Barco Vargas, encaminada a establecer la corresponsabilidad directa de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, fue determinante en la construcción de los tratados comerciales y la ayuda norteamericana del último cuarto de siglo. La Declaración de Cartagena, suscrita por los gobernantes de Colombia, EE. UU. y los demás países andinos en febrero de 1990, colocó los cimientos para la concreción de una estrategia contra la producción y tráfico de narcóticos, cooperación e inteligencia militar, sustitución de cultivos, incentivos al comercio e inversión extranjera en Colombia.
