El fallecimiento de Chávez propició un cambio de tercio hacia una tiranía represiva y comunista. Nicolás Maduro inició su despótico periplo.
Desde su llegada al poder en 1999, el comandante Hugo Chávez instauró en Venezuela una dictadura constitucional. El primer paso para refundar la nación consistió en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que sancionó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adoptada luego mediante referendo.
A partir de allí, la prioridad de Chávez, desde el Palacio de Miraflores, fue el sometimiento de los cinco poderes públicos nacionales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. El ejercicio totalitario del poder político le permitió a Chávez arrollar a la oposición y a los medios de comunicación, que en medio del desconcierto, fueron testigos de la aprobación de cuatro Leyes Habilitantes y la promulgación de 215 Decretos-Leyes entre el 2000 y el 2012.
Chávez sembró los vientos de la ‘guerra económica’ para destruir con tempestades el tejido empresarial venezolano. En los primeros días, expropió los servicios públicos para bajar sus tarifas y favorecer al bravo pueblo. El segundo ciclo fue la expropiación de industrias productivas, la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la consecuente extinción de dominio de predios rurales, la toma del Banco Central para inducir la inflación galopante y los asfixiantes controles de precios, cambios e importaciones, diseñados para generar desabastecimiento programado de bienes básicos.
En estos años, Chávez consolidó el socialismo bolivariano en Venezuela. Haciendo uso de los 700.000 millones de dólares de la bonanza petrolera, Chávez conquistó la voluntad incondicional de sus vecinos caribeños –ávidos de hidrocarburos baratos– y de Colombia por el proceso de paz. Así, la autocracia constitucional chavista pasó por el tamiz cómplice de la diplomacia regional sin romperse ni mancharse.
El fallecimiento de Chávez –marzo de 2013– propició un cambio de tercio hacia una tiranía represiva y comunista. Nicolás Maduro, ungido en la presidencia al estilo cubano, inició su despótico periplo con la sanción de dos Leyes Habilitantes, 60 Decretos-Leyes, la expedición y prórroga ilegítima de tres Decretos de Emergencia Económica entre el 2013 y el 2016. El Estado patrocinó la expedición espuria de 52 sentencias judiciales para anular el Poder Legislativo elegido democráticamente para el periodo 2016-2021 y eliminar la inmunidad parlamentaria de sus integrantes.
La Asamblea Constituyente del 2017, conformada exclusivamente por representantes del régimen chavista, pretende transformar a Venezuela en una dictadura comunista, eliminar la propiedad privada, doblegar a sus contradictores y crear la Comisión de la Verdad para reescribir la historia. La Asamblea dará rango constitucional –en el marco del Plan de la Patria Comunal– a la Venezuela Potencia Productiva, las Grandes Misiones y los Claps, ordenamiento comunal que articula al Estado y los movimientos sociales como los Frentes de Batalla Bolívar-Chávez y la Unión Nacional de Mujeres. Los mecanismos distributivos permitirán identificar los ciudadanos afectos al régimen y vigilar la oposición a través de los programas Somos Venezuela y el Carnet de la Patria, organizaciones comunales encargadas de la distribución, casa por casa, de los productos regulados de primera necesidad.
