El presidente Petro mostró sus cartas al poner en movimiento diversos hechos políticos que templaron al máximo la resistencia de la separación de poderes y los cimientos de la democracia colombiana.
Las últimas sesiones ordinarias del Congreso Nacional del primer semestre pasaron a la historia de nuestra nación como las más azarosas del presente siglo. El presidente Petro mostró sus cartas al poner en movimiento diversos hechos políticos que templaron al máximo la resistencia de la separación de poderes y los cimientos de la democracia colombiana.
El abierto desafío del Gobierno se inició en el mes de abril pasado, con la insistencia gubernamental de transmitir por televisión, en horario triple A, los Consejos de Ministros, que por ley, son reservados. El Consejo de Estado le ordenó al presidente Petro no transmitirlos en los canales privados de la televisión abierta. El alto Tribunal argumentó que esta práctica limitaba el derecho a la información y “obligaba a los ciudadanos a consumir únicamente la información oficial del Gobierno”.
La segunda estrategia abarcó dos solicitudes de convocatoria de una consulta popular nacional dirigidas al Senado, que fueron negadas en igual número de veces. Ahora resulta evidente que esta consulta tenía dos intenciones: amedrentar al Poder Legislativo para que aprobara la reforma laboral del Gobierno, empantanada en el Congreso Nacional, como en efecto ocurrió, y probar las aguas de otra convocatoria popular inconstitucional para el 2026.
La tercera movida gubernamental fue irse lanza en ristre contra el Registrador Nacional, la autoridad electoral de Colombia con autonomía administrativa, contractual y presupuestal, encargada de la organización de los procesos electorales y de los mecanismos de participación ciudadana. En los pasillos del Ministerio del Interior lo denominan, peyorativamente, como un ‘operador logístico’. El Registrador, antes de proceder a organizar esta consulta inconstitucional, decidió, con criterio, pedir concepto al Consejo de Estado, precaución que lo hizo acreedor a dos acusaciones oficiales, sedición y prevaricato, diseñadas para constreñir las elecciones de 2026.
La última acción define al Gobierno Petro: el incumplimiento de su promesa de campaña, al pretender, mediante una papeleta, adelantar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en paralelo con las elecciones de 2026, en contravía de las perentorias exigencias constitucionales, que por ello, y desde ahora, sabemos que nació muerta.
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