El Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política económica neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta, concepto acuñado en 1989 por el economista británico, John Williamson. Allí se enunciaba una serie de medidas, ahora desuetas, de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales el FMI y el Banco Mundial, así como el Gobierno norteamericano y la Reserva Federal de entonces, tenían acuerdo sobre su necesidad. En términos generales, el ideario económico en boga le apostaba a la globalización cimentada en un conjunto de políticas económicas, que incluían la reducción del déficit fiscal por la vía del gasto, la disminución de la progresividad impositiva, la privatización de las empresas públicas, la liberalización internacional del comercio y los mercados de capitales, la facilitación de la inversión extranjera y la desregulación de los mercados laborales.
Actualmente, en los medios académicos y políticos se abre camino su relevo, el Consenso de Cornualles, título de un memorando que circuló al más alto nivel en la reciente reunión de líderes del G7 realizada en el condado del mismo nombre, enclavado entre idílicos y gélidos acantilados del sur de Inglaterra. El documento fue concebido por un comité de académicos y formuladores de políticas de cada uno de los países miembros, mediante el cual se establece una “agenda ambiciosa para avanzar a partir de la pandemia”.
En el Consenso de Washington, las empresas eran actores independientes que competían entre sí, sin la participación del Estado. Ahora, el Consenso de Cornualles propone la ‘asociación’ entre el gobierno y las empresas para enfrentar los grandes desafíos sociales del momento, la pandemia, el cambio climático, la desigualdad y la competencia tecnológica con China.
El memorando sugiere que el reciente pacto sobre impuestos corporativos del G7 debería cimentar una nueva fase de colaboración occidental a lo largo de nuevas líneas ideológicas de inclusión social y responsabilidad financiera. El G7 debería comprometerse, según el memorando, a una reforma de la gobernanza global que promueva la solidaridad y la inclusión global, que permita alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
