Un grupo de 35 congresistas de todas las tendencias políticas tienen muy adelantada una reforma constitucional.
Desde hace más de sesenta años, el manejo del Congreso ha estado vinculado a los auxilios parlamentarios, caja negra de la gobernabilidad política colombiana, que a pesar de cambiar de nombre y de destinatarios a lo largo del tiempo, ha mantenido su cuestionable y abyecta apropiación del presupuesto nacional de inestimables partidas de libre disposición o de cupos indicativos individuales, que son administrados por los congresistas para orientar, a espaldas del Ejecutivo, la destinación de los proyectos de inversión regionales.
Los antiguos auxilios parlamentarios eran partidas aprobadas en el presupuesto nacional reservadas para el fomento de empresas útiles o benéficas de conformidad con el artículo 76 de la Carta de 1886, práctica que, en respuesta a su abuso, fue prohibida expresamente por el artículo 355 de la Constitución de 1991, según el cual el Congreso no podrá decretar auxilios a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
No obstante lo anterior, la pasada administración perfeccionó el arte del ‘reparto de la mermelada en toda la tostada’, y en particular, refinó la entrega de la mermelada burocrática y de los cupos indicativos, que según Musa Besaile –exsenador preso por tráfico de influencias y corrupción–, fluían libremente entre el Gobierno y el Congreso. Al respecto, el país nacional tenía la impresión de que el contubernio entre estos dos poderes públicos había tocado fondo. Sin embargo, la capacidad de asombro crece y se expande en nuestro país al comprobar que un grupo de 35 congresistas de todas las tendencias políticas tienen muy adelantada una reforma constitucional que le permitiría a los 279 ‘padres de la patria’ administrar el 20 por ciento del presupuesto de inversión del orden nacional por valor 9.300 millones de pesos, con lo cual cada parlamentario manejaría a su arbitrio 33,5 mil millones de pesos.
De acuerdo con el prestigioso constitucionalista, Juan Manuel Charry, la iniciativa parlamentaria en comento se inmiscuye indebidamente en los asuntos propios del Ejecutivo y claramente viola la separación de poderes que sostiene la democracia colombiana. Nunca antes tan pocos han pretendido hacerle tanto daño al Establecimiento como ahora. Pareciera como si la clase política colombiana estuviera respondiéndole al presidente Iván Duque su anuncio de los primeros días de Gobierno sobre “gobernar sin ningún tipo de mermelada”. Pareciera que este desafío institucional, que le quebraría el espinazo al presupuesto nacional, fuera la cuenta de cobro por el cambio en la forma de administrar sin mermelada y sin la corrupción subyacente, que siempre asoma las orejas cuando de repartija burocrática y presupuestal se trata.
El problema de fondo no es la ausencia de normas, sino la indolencia política de quienes reparten y reciben mermelada. Lo anterior significa que para proscribir esta nociva práctica de corrupción se requiere aplicar a rajatabla la Carta Magna, acatar la doctrina sobre la materia y hundir la mencionada reforma constitucional de gasto y corruptela parlamentaria.
