El panorama de la política nacional contra las drogas ilícitas aumenta las probabilidades de la descertificación por parte del presidente de EE. UU.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Petro ha abogado por la legalización de la cocaína. En julio de 2024, en uno de sus acostumbrados discursos hiperbólicos, Petro propuso legalizar las drogas ilícitas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el primer Consejo de Ministros televisado de la historia, Petro sostuvo que “la cocaína no es más mala que el whisky”. Esta semana, el Gobierno Petro le solicito a la ONU la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas.
La errada idea de Petro sobre las drogas ilícitas, que ha definido la política antidrogas del país, ha convergido en la incautación de cocaína, la eliminación de la erradicación forzosa, el mantenimiento de la prohibición de la aspersión con glifosato, la reducción a su mínima expresión de la erradicación voluntaria -la más baja de la historia con 9.500 hectáreas-, y el regreso de la promoción de los cultivos de coca, como ocurrió durante el proceso de paz de 2016, mediante promesas estatales de compra de las siembras del alcaloide del Plateado y el Catatumbo.
El desbordado crecimiento cocalero durante el Gobierno Petro abarca 16 de los 19 departamentos con siembras de coca, fenómeno especialmente agudo en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador. La consolidación de la agroindustria criminal de la coca en Colombia y el aumento del 53% en su productividad, se tradujo en el aumento de la producción potencial de cocaína a 2.664 toneladas, el nivel más elevado de la historia.
El oscuro panorama de la política nacional contra las drogas ilícitas de Petro aumenta las probabilidades de la descertificación por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump. La certificación anual que realiza el Departamento de Estado a mediados del mes de septiembre, fundamentada en la Ley de Control de Narcóticos de 1986, autoriza al presidente estadounidense a evaluar la cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Los criterios usados en la valoración de la certificación son la cooperación con EE. UU., la eficacia de las políticas nacionales contra el narcotráfico, incluidas la interdicción de cultivos, la incautación de cocaína, la desarticulación de las organizaciones criminales, la persecución de los narcotraficantes y la colaboración nacional contra el lavado de dinero. Salvo la incautación, Colombia incumple los demás parámetros de ley para mantener la certificación.
Si a lo anterior le sumamos la animadversión de Petro hacia EE. UU. y su presidente, Colombia podría ser identificada como uno de los principales productores de drogas ilícitas y ser descertificada este año. Las consecuencias serían devastadoras: suspensión de la ayuda económica, imposición de restricciones comerciales (arancelarias y no arancelarias) y congelamiento de la inversión extranjera estadounidense en Colombia. El empresariado colombiano debe prepararse desde ahora para contrarrestar esta amenaza.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
HECTOR GUTIERREZ P
Este guerrillero corrupto, antisocial y delincuente auto reconocido, solo sabe hacer mal al País y está buscando a todo momento cómo convertir a Colombia en su Paraíso comunista, para poder manejar todo el dinero del Estado, desaparecerlo y poder robárselo con todos sus compinches dejando a Colombia en su peor desgracia de toda la Historia. Las fuerzas militares de Colombia están en la obligación y en el derecho legítimo de hacer cumplir la Constitución y las Leyes y este delincuente es un indigno y usurpador de la Presidencia, y por lo tanto las Fuerzas militares del País deben demostrar que Sí están constituídas para proteger a Colombia y para hacer cumplir la Constitución y las Leyes de nuestro Estado de derecho. No queremos a un delincuente peligroso en la Presidencia de Colombia haciéndonos quedar mal ante el Mundo, a todo momento