Hay que apoyar la propuesta del gobierno de crear la Corte Internacional Anticorrupción de la ONU.
En épocas pasadas no se concebía la política sin la ética. La moralidad pública era la esencia del comportamiento de la clase política que lideraba las naciones. En el mundo actual, la corrupción ha permeado la clase política por la carencia de ética de algunos dirigentes, funcionarios públicos y miembros de la sociedad, que privilegian su interés pecuniario o cultivan su mirada cómplice.
Surge, así, la corrupción política, fenómeno que contribuyó de forma decisiva a la elección presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y Nayib Bukele en El Salvador.
Políticos experimentados, pero en orillas ideológicas distintas, que convencieron al electorado de sus respectivos países con campañas contra la corrupción política, definida como la actuación de los funcionarios oficiales que se apartan del Estado de Derecho para beneficiarse o para favorecer a los particulares a cambio de una coima.
De lo anterior se desprenden las dos formas básicas de corrupción política que conocemos, el cohecho a trueque de una decisión oficial y el peculado para favorecerse a sí mismo o a los privados con recursos públicos. En el fondo, la corrupción política está preñada de actos ilegales, ciertamente amorales y contrarios a la ética pública y privada, asuntos tan graves que pueden determinar el color político de las elecciones presidenciales de nuestro país en el 2022.
La corrupción política no es, pues, un asunto de poca monta. No. La corrupción política permea la mayoría de las actividades del Estado y de la sociedad civil por su actuación u omisión, habida cuenta de que intervienen actores públicos y privados en los procesos electorales y en la ejecución de los recursos públicos.
En Colombia, la corrupción mantiene su marcha. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional calculado para 180 países, Colombia desmejoró del puesto 78 al 99 entre el 2010 y el 2018.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, sostiene que “en un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”. Razón suficiente para colocar la estrategia anticorrupción como un asunto medular de la agenda pública de la presente administración y del empresariado colombiano.
De ahí que sea digna de elogio y apoyo la propuesta del alto gobierno que busca crear la Corte Internacional Anticorrupción de Naciones Unidas en Nueva York, la cual funcionaría como un órgano de complementariedad asignado a los eventos en que las autoridades nacionales no puedan -o no quieran- juzgar determinados casos de corrupción.
Entre sus funciones, la Corte adelantaría la revisión de los casos de la ‘gran corrupción’, cuyos perversos efectos sean notables para la sociedad, como el soborno trasnacional y el lavado de dinero proveniente de actos corruptos perpetrados desde las instancias estatales.
