En el evento en que esta situación de indefensión ciudadana continúe, el presidente Iván Duque debería declarar la conmoción interior.
El país vive una situación de crispación social única, que los promotores del mal llamado paro nacional pretenden convertir en permanente. La convulsión social estacionaria generada desde el 21 de noviembre pasado por Fecode, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y las centrales obreras –CGT, CTC y CUT–, entre otros, ha sido rechazada públicamente por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la Asociación de Jueces, Fiscales y Magistrados (Asojudiciales), los gremios de la producción y el comercio de bienes y servicios colombianos.
Esta situación de agitación
social amerita medidas excepcionales distintas de la disolución del
Esmad, retiro de la ley de crecimiento económico, derogatoria del
decreto de creación del holding financiero y abandono de eventuales
reformas a las pensiones y del régimen laboral, como piden, sin
fundamento, los organizadores del paro.
Desde el pasado 21 de
noviembre, se han producido 1.548 actividades vinculadas con el paro,
119 hechos vandálicos, 550 marchas, 886 concentraciones y 107 bloqueos
de vías, en las cuales 371 policías y 2 militares han resultado heridos,
30 de ellos mujeres que realizaban acompañamiento. Las ciudades más
perjudicadas son Bogotá, Soacha, Facatativá, Cali, Manizales, Popayán,
Pasto, Bucaramanga, Medellín y Tunja.
La realidad es que los
promotores del paro y sus incautos seguidores suscitan la vulneración de
los derechos e intereses colectivos de millones de personas que no
marchamos, relacionados con el patrimonio privado, el espacio cívico, la
seguridad, la institucionalidad, la movilidad y la libre competencia
empresarial, coartadas por no poder ejercer actividad económica alguna.
Hasta
el esparcimiento se ha visto impactado por la secuela de cancelaciones
de espectáculos musicales, deportivos y celebraciones empresariales, que
conllevan cuantiosas pérdidas monetarias para sus organizadores.
Las
graves afectaciones de los derechos de los que no marchamos son
evidentes en Bogotá, con 105 estaciones de TransMilenio vandalizadas,
295 paraderos arrasados, 135 luminarias destruidas y 160 buses atacados,
acciones delictivas que afectan el patrimonio público, los derechos de
miles de niños, estudiantes y trabajadores, que se mantienen sin poder
asistir a clases o a sus lugares de trabajo.
El impacto
económico acumulado de las marchas supera los 1,9 billones de pesos y la
pérdida potencial de los 850 mil empleos que se generan en esta época
navideña. El comercio y los restaurantes, que dependen de la temporada
de ventas decembrinas en 30 por ciento, son los más afectados por el
desplome en sus negocios entre el 70 y el 90 por ciento por el cierre
forzoso de atención al público.
En el evento en que esta
situación de indefensión ciudadana continúe, se debería declarar la
conmoción interior de que trata el artículo 213 de la Carta Magna, en
virtud de la cual el presidente Iván Duque quedaría investido de
facultades excepcionales para reglamentar la protesta y conjurar la
convulsión social permanente que nos quieren imponer los autores del
paro y sus cándidos discípulos.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
