El presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó la semana pasada que estaba “analizando seriamente la continuidad del país en la Comunidad Andina (CAN)”. Denunció, además, que entre los “enemigos” de la revolución que lidera existe alguno en las máximas instancias del organismo andino, con lo cual confirma que la animadversión ecuatoriana hacia la CAN tiene tinte ideológico, presumiblemente compartido por Bolivia y Venezuela, miembros del Alba y Mercosur.
En opinión del presidente Correa, la CAN “sirve para muy poco”, aunque precisó que su posición no obedecía a la coyuntura relacionada con Resolución 1762 de la CAN, por medio de la cual la Secretaría General le negó a Ecuador la autorización para aplicar las medidas de salvaguardia cambiaria impuestas arbitrariamente contra Colombia y Perú, le exigió su inmediato levantamiento y le pidió devolver los dineros cobrados a las empresas perjudicadas.
Es irrebatible, no obstante, que el detonante de la amenaza ecuatoriana de retiro de la CAN tiene relación directa con esta providencia de 82 páginas, que de manera impecable, ajustada a derecho y a los preceptos del Acuerdo de Cartagena, rechazó la impostura ecuatoriana; petitorio que el hermano país presentó a las 7 y 56 de la noche del 24 de diciembre, en medio del cierre laboral de fin de año, para evitar su examen oportuno a nivel andino.
Es evidente que Ecuador fraguó artificiosamente esta tramoya para arrodillar, primero a la CAN, y luego a Colombia y Perú. La CAN se mantuvo segura y actuó como le correspondía. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del Gobierno Nacional, que, en lugar de mantenerse sereno en espera del fallo supranacional andino, cedió rápidamente a las pretensiones ecuatorianas. Ecuador aprovechó nuestra debilidad institucional y manifestó que “respetará los resultados de las negociaciones y compromisos asumidos con Colombia y Perú”, con lo cual todos desconocieron la legalidad de la CAN y dispusieron así los preparativos para sus pompas fúnebres.
En el pasado, Colombia enarbolaba orgullosamente la bandera de la integración andina. El expresidente Carlos Lleras Restrepo nos recordaba en la revista Nueva Frontera, cómo Colombia defendía entonces “el espíritu de justicia”, al apoyar el trato especial para los países de menor desarrollo relativo, Bolivia y Ecuador.
“Cuando Perú necesitaba, para facilitar su ingreso al Grupo Andino, que la sede de la junta fuera en Lima”, evoca el estadista Lleras Restrepo, “Colombia accedió sin celos ni vanidades”. De análoga manera, Colombia admitió la entrega de la sede de la Corporación Andina de Fomento a Venezuela y del Tribunal Andino de Justicia a Ecuador. Para el mandatario Lleras Restrepo, “nuestra voluntad integracionista tiene que ser inseparable de la decisión de reclamar y obtener el fiel y oportuno cumplimiento de lo pactado”.
Eran otros tiempos. Hoy día, la integración andina no vale nada, ni tiene quién la defienda.
