Desde la desaparición del Ministerio de Comercio, hace 13 años, se enrareció el ambiente de armonización de las políticas agropecuarias y de comercio exterior, entorno actualmente dominado por los objetivos de política sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vinculados con el desarrollo del sector manufacturero, promoción del comercio interno y sagrada defensa de los consumidores.
La ausencia de coordinación y concertación, derivada de la actual estructura, resulta del marginamiento del Consejo Superior de Comercio Exterior (CSCE), organismo asesor del alto Gobierno en comercio internacional y competitividad de las empresas colombianas. La prueba reina del abandono del Consejo se encuentra en su página web, en la cual se puede confirmar que desde hace cuatro años no hay actividad alguna. Es más, hace 10 años se efectuó la última modificación de su reglamento interno, que incluye, entre otros propósitos, su convocatoria, por lo menos, cada cuatro meses y sesiones extraordinarias por solicitud de cualquiera de sus miembros.
La desinstitucionalización oficial se trasvasó aguas abajo al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, conocido como ‘el Comité Triple A’, cuerpo colegiado de segundo nivel encargado de analizar y recomendar al CSCE y al Gobierno Nacional, acciones concretas relacionadas con los regímenes aduanero y arancelario. El Comité Triple A se reúne presencialmente con variada frecuencia, e incluso de manera antirreglamentaria cuando lo hace en sesiones virtuales por teléfono o correo electrónico.
El Comité Triple A está compuesto por 5 viceministros (Comercio Exterior, Desarrollo Empresarial, Hacienda, Asuntos Agropecuarios y Minas), el subdirector del DNP, el director de Aduanas y dos asesores, a los cuales ahora se suma el Superintendente de Industria y Comercio, según lo dispone el Decreto 1888 del 22 de septiembre de 2015, con lo cual el ministerio del ramo regenta la Secretaría Técnica y controla la mitad de los votos.
Con esta desnivelada estructura y el imperante sistema de votación –decisiones por mayoría de dos terceras partes–, el Ministerio de Industria y Comercio sustituye soterradamente al CSCE y ejerce un poder de veto desproporcionado, que le hace daño al país. Especialmente a la agricultura nacional, cuyas solicitudes de aplicación de las normas constitucionales del Artículo 65, referentes a la protección especial que el Estado le debe conceder a la producción de alimentos, resultan sistemáticamente denegadas. Por el contrario, cuando se trata de reducir los aranceles agropecuarios, negociar o eliminar sus instrumentos de política comercial, los miembros del Comité Triple A, que giran en torno de la órbita del ministerio de marras, están siempre dispuestos a desproteger el agro colombiano.
Para poner orden y concierto, es preciso, por un lado, respetar la Constitución Nacional y devolverle la prevalencia institucional al CSCE, y por el otro, restructurar el Comité Triple A para que el Ministerio de Agricultura tenga igual peso que el de Comercio e Industria en las determinaciones que impacten el campo colombiano, incluido el poder de veto.
