El sainete andino engendrado por la arbitraria imposición de la salvaguardia cambiaria ecuatoriana del 21 por ciento, aplicada a las exportaciones colombianas desde el 5 de enero, refleja la pobre defensa técnica y política de nuestros intereses comerciales.
Desde el inicio, el ministerio de Comercio e Industria aceptó la salvaguardia cambiaria sin estudio previo, ni concertación alguna con el sector privado, sujeto a que Ecuador la igualara en el 7 por ciento exigido a Perú y eliminara de la base de cálculo las materias primas, insumos y bienes de capital.
La respuesta del Comité de Comercio Exterior ecuatoriano de finales de enero es la prueba reina de que la salvaguardia no tiene fundamento cambiario alguno, dado que la mantiene, pero al mismo tiempo excluye 160 productos de su interés comercial, cuyas exportaciones ascienden a 255 millones de dólares. Esos dineros cobrados en exceso se devolverán.
Así, la salvaguardia ecuatoriana marchita el resto de nuestras exportaciones a Ecuador, estimadas en 1.621 millones de dólares en el 2014. Este es el tamaño del daño causado por el hermano país, que en cualquier lugar del planeta hubiera originado una bandera roja de amenaza nacional. Acá, por el contrario, al interior del ministerio de Comercio e Industria, la jugada ecuatoriana, que redujo tímidamente el ámbito de la salvaguardia, fue calificada de “positiva” y de “coherente con el sentido de lo acordado entre los dos gobiernos”, que actualmente esperan el inminente pronunciamiento de la Comunidad Andina sobre la providencia ecuatoriana.
El meollo de este asunto es que las dos administraciones trabajan ‘todos a una’, como en Fuenteovejuna, para lograr un objetivo común: equilibrar la balanza comercial. Proexport –hoy ProColombia–, contrariando su encargo misional, se ocupa desde el año 2013 de la capacitación de 500 empresas ecuatorianas para que puedan exportar al mercado colombiano, con lo cual pretenden desplazar a productores y empleos nacionales. Asimismo, ambos gobiernos buscan afanosamente otros mecanismos que garanticen el cumplimiento de este empeño mancomunado de compensar, a favor de Ecuador, la balanza comercial. Esta es la razón de fondo por la cual el ministerio de Comercio e Industria de nuestro país no parece preocuparse demasiado con la exigencia de esta salvaguardia cambiaria, que si lo fuera, Ecuador tendría que aplicarla a todos sus socios comerciales.
Al seleccionar a dedo a Colombia y a Perú, Ecuador discrimina política y comercialmente a los países andinos que no lo acompañan en el Alba. La salvaguardia tampoco afecta a Estados Unidos ni a China, ni a los miembros de Mercosur o de la Unión Europea. Esta severa restricción económica tiene nombre propio, habida cuenta de que perjudica en materia grave el comercio exterior de Colombia, circunstancia que exige, con urgencia, la firme desaprobación oficial y su completa eliminación, o la resuelta adopción de legítimas medidas de retorsión comercial.
