Los proyectos de ley de Presupuesto General de la Nación del 2015 y de reforma del Estatuto Tributario 2015-2018, tienen a los empresarios nacionales y a los gremios al borde de un ataque de nervios.
El hueco fiscal de 12,5 billones de pesos, generado por el descuadre entre las menguadas rentas petroleras, las abultadas apropiaciones para el gasto de funcionamiento e inversión y la inflexibilidad de la Regla Fiscal, originan una nueva cascada impositiva que se erige como un freno a la inversión doméstica y la capitalización empresarial.
Sorprende que la reforma tributaria le otorgue al capital extranjero un mejor trato que a los patrimonios nacionales. Al envolver con un manto político de ‘riqueza’ el impuesto de patrimonio, creado supuestamente por una sola vez por la Ley 1370 de 2009, la reforma tributaria excluye a los inversionistas extranjeros de portafolio, con lo cual premia los capitales especulativos foráneos, mientras castiga los patrimonios locales. Se impone, entonces, un trato igual y la supresión de este gravamen, que deteriora y estigmatiza los capitales nacionales.
Resulta igualmente contradictorio, de un lado, la eliminación de la devolución de dos puntos del IVA por compras con dinero plástico que golpea el bolsillo de la clase media; y del otro, el mantenimiento de la deducción tributaria de las regalías causadas por la explotación de recursos naturales no renovables, con lo cual el Gobierno beneficia cerrilmente las multinacionales del sector minero-energético.
En opinión de Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio, esta deducción se remonta a marzo del 2005, fecha en la cual la Dian acogió erróneamente los argumentos de la Cámara de Asomineros de la Andi y extendió la deducción de las regalías a los contribuyentes del sector como si fueran un costo de explotación.
Al proyectar los cálculos elaborados por Pardo del 2005 hasta el 2013, podemos colegir que el Estado recaudó 60,5 billones de pesos por concepto de regalías; las compañías minero-petroleras rebajaron de su renta 21,3 billones de pesos, equivalentes a varias reformas tributarias. Así pues, las deducciones por concepto de regalías, calculadas en 3,8 billones de pesos anuales, se convierten en una carga fiscal insoportable para el Erario público.
Considerando que la gabela impositiva de las regalías es contraria a la Sentencia C-221/97 de la Corte Constitucional, según la cual “las regalías y los impuestos sobre recursos no renovables son compatibles, siempre y cuando el impuesto no recaiga sobre la explotación misma, la cual se encuentra exclusivamente sujeta al régimen de regalías”, le corresponde a la reforma tributaria enderezar este entuerto y eliminar la deducción de las regalías para el sector minero-energético. Asimismo, es inaplazable el relajamiento de la Regla Fiscal que ahoga el endeudamiento gubernamental.
Al considerar todo lo anterior, debería reducirse, en lugar de aumentarse, la carga tributaria de las empresas colombianas.
