Más de 800 estudios toxicológicos concluyeron que el glifosato es seguro para humanos, vida silvestre y el medioambiente.
La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública esta semana para hacerle seguimiento a la Sentencia 236 de 2017, que tácitamente prohibió la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Los ejes temáticos agendados son los presuntos riesgos del uso de este plaguicida en la salud de las personas, su eventual afectación ambiental, el impacto de la suspensión de fumigación, su vínculo con el aumento de los cultivos ilícitos, los avances y dificultades en la implementación de los planes de sustitución y el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Para poner este asunto en perspectiva, es necesario tener en cuenta que desde su introducción en 1974, el glifosato es el herbicida más usado y eficaz del planeta para el control de un amplio conjunto de malezas en sembradíos agrícolas, parques, jardines, bordes de caminos, vías férreas y zonas industriales. En Colombia, el glifosato y su plan de manejo ambiental eran, además, parte integral del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos desde 1994 hasta la torpe interrupción adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, inicialmente en la frontera con Ecuador y Venezuela en el 2011, y luego en todo el territorio nacional a partir del 2015. Dos años después, la Corte Constitucional impuso condiciones imposibles de cumplir, que se tradujeron en su forzosa y errada proscripción.
La opinión pública debe saber que las evaluaciones de seguridad del glifosato abarcan 40 años, que la Corte ha soslayado sistemáticamente. Valoración que exige una experticia técnica y científica que no tienen los jueces constitucionales. Más de 800 estudios toxicológicos elaborados por los institutos nacionales de salud y las autoridades regulatorias de Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, EE.UU., Europa, Japón y Nueva Zelandia concluyeron que el glifosato es seguro para los humanos, la vida silvestre y el medioambiente.
El Consejo de Estado, al revocar una suspensión de fumigación aérea contra los cultivos ilícitos en el marco de una Acción Popular de 2004, presagió acertadamente que esta podría “llevar al debilitamiento del Estado al tiempo que se fortalecerían los distintos grupos que se financian con el producto del tráfico de drogas, que es, sin duda alguna, flagelo para la sociedad colombiana y para toda la humanidad”.
Actualmente, preocupa que el Tribunal Constitucional no hubiera convocado a los mandatarios de Norte de Santander, Cauca y Putumayo, las zonas de mayor crecimiento de las plantaciones cocaleras del país. Inquieta, asimismo, el potencial conflicto de interés que podría tener uno de los invitados internacionales y la consecuente falta de balance del constitucionalismo dialógico de la Corte por la sesgada escogencia de supuestos expertos contra el glifosato.
No obstante, la audiencia sirve para que los magistrados constitucionales flexibilicen sus severos requerimientos, permitan el retorno de la aspersión aérea de siembras ilegales con glifosato, de conformidad con las pautas que señalen las autoridades ambientales, y le demuestren al país que realmente no son indiferentes frente al problema de las drogas ilícitas.
