El Centro de Estudios Estratégicos del US Army War College, situado en Carlisle (Pensilvania), considera que el deterioro de la realidad en Venezuela puede transformarse en colapso económico y caos político, fraguados por la ausencia de separación de poderes públicos, asfixiantes controles de cambios y de precios, expropiaciones arbitrarias, abierta persecución contra empresarios, comerciantes, periodistas y activistas políticos, acciones oficiales que desnudan la verdadera naturaleza del fracasado socialismo bolivariano del siglo XXI.
El desplome económico de Venezuela es una tragedia para el bravo pueblo oprimido desde hace 16 años. JP Morgan anunció recientemente la revisión de las proyecciones de caída de la economía de 5,5 a 8 por ciento en el 2015; modificó, igualmente, la previsión de inflación de 140 a 200 por ciento para finales del presente año. El desbarajuste económico y el desabastecimiento resultante de 7 de cada 10 alimentos y medicinas en Venezuela pueden traducirse en hambre, enfermedades y desesperación social. Este alarmante caldo de cultivo podría revivir los violentos acontecimientos del infame Caracazo de 1989, cuyos hechos, espontáneos e iracundos, desembocaron en el derrocamiento del presidente venezolano elegido democráticamente, Carlos Andrés Pérez.
El Centro de Estudios Estratégicos vaticina que la situación en Venezuela va empeorar significativamente antes de mejorar -como ocurre actualmente-, lo cual podría provocar un mayor uso de la fuerza por parte de los militares venezolanos. En el evento en que la violencia y la anarquía tomen fuerza, el Centro de Estudios le recomienda a Estados Unidos salir en ayuda de Colombia, con tecnología y recursos para que podamos atemperar las graves consecuencias de una “oleada de refugiados, en la medida que millones de colombianos que viven marginados en Venezuela sean forzados a regresar”.
El drama humanitario evidenciado en la zona limítrofe con Venezuela es indescriptible, cuyo creciente cierre militarizado podría extenderse hasta enero de 2016, según la autoridad fronteriza del vecino país, general Carlos Martínez. Miles de familias lo han perdido todo; sus seres queridos han quedado atrapados en otro país; sus casas han sido marcadas y luego derruidas por la Guardia Nacional. A salvo permanece la dignidad de ser buenos colombianos. Esta calamidad podría ser el comienzo de una catástrofe humanitaria de proporciones inimaginables, que tiene acuartelado al Gobierno en la ciudad de Cúcuta.
El país nacional y el país político respaldan, de modo unánime, la conducción actual del presidente Juan Manuel Santos, símbolo constitucional de la unidad ciudadana y rector de las relaciones internacionales, en mora de un profundo revolcón. La fallida gestión diplomática de nuestra Cancillería en la OEA, la malquerencia de la Secretaría de Unasur, la acertada declaratoria de emergencia económica y los buenos oficios de Uruguay deberían complementarse con un pronunciamiento oficial de catástrofe humanitaria, que permita anticipar la azarosa oleada de cientos de miles de connacionales expulsados de Venezuela por el entorno económico, político y social de un régimen camorrista, anacrónico y despótico.
