Las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia deberían estar en acuartelamiento de primer grado para combatir
la amenaza de los carteles mexicanos.
La presencia de los carteles mexicanos es la principal amenaza a la seguridad nacional de Colombia. La Policía informa que los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas operan en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Putumayo, Norte de Santander, Meta y Guaviare.
Según el Servicio de
Investigación del Congreso de Estados Unidos, el cartel de Sinaloa -el
más antiguo de México- es considerado como la trasnacional del
narcotráfico más poderosa del hemisferio occidental.
El cartel
de Jalisco Nueva Generación surgió de un enfrentamiento con el cartel de
Sinaloa en el 2010; actualmente disputa la supremacía regional del
narcotráfico.
Los Zetas, inicialmente conformado por miembros de
las fuerzas especiales de élite del ejército mexicano, que luego
desertaron hacia el cartel del Golfo, se convirtieron en asesinos a
sueldo. Su mayor activo no es el negocio de las drogas, sino la
violencia, el secuestro y el tráfico de armas.
La revista
mexicana Proceso sostiene que los carteles de ese país acaparan 100.000
hectáreas de cultivos de coca en Colombia, es decir, la mitad del área
nacional sembrada, mediante radios de seguridad subcontratados con
bandas criminales y la retaguardia -o disidencia- de las Farc.
Los
carteles mexicanos aprovecharon el proceso de negociación de paz del
anterior Gobierno para restructurar el negocio del narcotráfico, tomar
el control de la producción de coca, eliminar los intermediarios,
supervisar la calidad y la cantidad de cocaína y aumentar sus ganancias
en la fase de distribución, que dominan desde la desaparición de los
carteles de Medellín y Cali a comienzos de los años noventa.
Su
principal interés es tener presencia física en Colombia para garantizar
el abastecimiento de cocaína y mejorar la productividad de cultivos y
laboratorios, amparados por la suspensión de la aspersión aérea de
cultivos ilícitos y el abandono de bombardeos y acciones militares
contra las Farc durante la negociación del acuerdo final.
Según
un informe militar citado por la revista Proceso, “los carteles
mexicanos, con su inmenso poder económico, compraron bandas criminales y
grupos residuales de las Farc para controlar la producción de coca. Ya
dominaban la distribución y hoy están cerca de controlar la producción.
Para esto necesitan control territorial y lo están adquiriendo muy
rápidamente a través de organizaciones colombianas que trabajan para
ellos”.
En opinión de la Fundación Paz y Reconciliación, los
carteles mexicanos empiezan a influenciar, con dinero e intimidación,
algunas campañas electorales en los comicios locales y regionales que se
celebrarán en Colombia el 27 de octubre.
Su objetivo es
consolidar el dominio geográfico de las zonas cocaleras del país e
integrar la cadena de las drogas ilícitas desde la producción de coca,
el manejo de precursores químicos hasta la distribución de cocaína en el
mercado estadounidense.
Las Fuerzas Militares y de Policía
deberían estar en acuartelamiento de primer grado para combatir esta
amenaza a la seguridad nacional.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
