Al parecer, la Administración Distrital está confundida por la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, de septiembre del 2017.
Como ciudadanos preocupados por los alarmantes niveles de inseguridad ciudadana en la capital de la República, que apoyamos su propuesta de renovación urbana, nos dirigimos públicamente para solicitarle la adopción de los correctivos correspondientes. El repudiable acto criminal cometido contra una mujer indefensa y embarazada de 30 años de edad, baleada para robarle su camioneta blindada en el barrio Rosales, fue el acto delictivo que rebozó la copa de la ciudadanía, que marcha en silencio, indignada, contra estos abominables hechos para exigir justicia e impedir que se repitan.
Al parecer, la Administración Distrital está confundida por la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá de septiembre del 2017, según la cual “la percepción de seguridad en los barrios presenta una mejora significativa, registrando el segundo porcentaje más alto en la última década”. Esta afirmación sin fundamento contribuye a explicar la insuficiente importancia que la Alcaldía Mayor de Bogotá le otorga a la seguridad ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo. Pese al aumento presupuestal a 541.875 millones de pesos para el 2018, la seguridad sigue siendo la última prioridad distrital. La protección de la vida y bienes deben ser lo primero. Bogotá tiene un déficit de 9.000 policías, que también es preciso solventar.
La inseguridad en Bogotá no es un asunto de percepción –como lo ven algunos funcionarios distritales y de policía–, sino de cruda realidad ciudadana, víctima –como nunca– de insólitas modalidades delictivas, cada vez más peligrosas, propias de bandas criminales armadas hasta los dientes. Para comprobarlo, basta mencionar que según la Fiscalía, los hurtos en Bogotá aumentaron 84,3 por ciento en el 2017, al pasar de 29.940 a 55.179. Dado que el 40 por ciento de los atracadores se movilizan en motos de alta cilindrada con parrilleros, resulta esencial prohibirlos en la ciudad.
De tiempo atrás, las autoridades tienen conocimiento de los eventos delictivos registrados en el barrio Rosales, ubicado al nororiente de la ciudad, que van desde balaceras y asesinatos a plena luz del día hasta atracos a mano armada a casas, apartamentos y robos de perros de raza, celulares, relojes y bicicletas, delitos cometidos con impunidad en las barbas de los Centros de Atención Inmediata (CAI), convertidos en ‘centros de atención imposible’, cuya eficacia es menester valorar y acrecentar.
La localidad de Chapinero, de la cual hace parte Rosales, fue objeto de 5.764 atracos el año pasado, de los cuales solo el 10 por ciento fue judicializado. Las estadísticas confirman que en Bogotá, en los últimos 24 meses, 9.094 capturados tenían entre 2 y 4 detenciones previas; otros han sido atrapados y liberados en 42 ocasiones, sin que ningún juez los hubiera remitido a prisión. Así, la impunidad es la regla, que es preciso combatir.
La ciudadanía celebra las recientes medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad, que esperamos se mantengan y complementen para suprimir la temible inseguridad de nuestro tiempo.
