De la misma manera que los peregrinos recorren el Camino a Santiago para venerar las reliquias del apóstol Santiago el Mayor, un selecto grupo de funcionarios de alto nivel dirigen las fuerzas motrices de la nación hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), organismo internacional que agrupa a 34 países industrializados y economías emergentes.
La peregrinación gubernamental hacia la Ocde cobra relevancia significativa con la reciente visita de Angel Gurría, secretario general, quien dirige el prestigioso ‘club de las buenas prácticas’ desde el 2006. En esta ocasión, Gurría presentó en sociedad la hoja de ruta, documento que incluye las reglas de juego del laborioso proceso de adhesión de Colombia a este organismo.
La hoja de ruta es uno de los elementos que distingue a la Ocde de los demás organismos internacionales, reflejo de sus particulares métodos de trabajo, que en la práctica, delimitan con precisión, pero sin límite de tiempo, el camino de la peregrinación oficial para llegar a su sede en París en busca de la membrecía plena.
Esta carta de navegación tiene dos componentes: en el primero, se incluyen los valores fundamentales de la Organización que el país debe compartir, como democracia, respecto de los derechos humanos, economía de mercado, transparencia y desarrollo sostenible.
En el segundo, se incorporan las obligaciones generales aplicables a todos los miembros, en particular la Convención de la Ocde, los objetivos misionales, los instrumentos legales y los métodos de trabajo.
Para determinar la brecha existente entre las regulaciones de Colombia y los estándares de la Ocde, el Gobierno debe presentar un memorándum oficial en el cual define su posición respecto a 250 instrumentos legales, de cuyo contenido dependerán los trabajos posteriores de valoración y armonización de nuestras políticas públicas.
Colombia se compromete también a sujetar sus políticas gubernamentales a un detallado examen en 23 Comités escogidos de acuerdo con nuestra realidad económica, proceso conocido como ‘evaluaciones interpares’.
Allí se concentra el trabajo sustantivo a nivel técnico, el cual va desde agricultura, pesca, comercio, competencia, mercados financieros, seguros y pensiones, hasta medio ambiente, educación, salud, política fiscal, empleo y estadísticas.
La Ocde utiliza este mecanismo con dos objetivos en mente: compartir con las autoridades colombianas las mejores prácticas y estándares de la Organización, e identificar mediante comparaciones y mediciones sectoriales, las áreas en las cuales se concentrarán los ajustes recomendados de política estatal.
Como atestigua Gurría, “la adhesión a la Ocde es un proceso demasiado importante como para hacerlo deprisa y corriendo”.
Ahora le corresponde al Gobierno determinar, de forma concertada y transparente con la sociedad civil, las necesidades y capacidades para adaptarse a las normas de la Organización.
