La principal bandera del Gobierno de Gustavo Petro es el cambio del modelo económico, del cambio por el simple prurito del cambio. Desde el punto de vista filosófico y etimológico, el cambio -del latín cambiāre- presupone la transformación de una cosa por otra, frecuentemente contraria, que en principio, debería tener mayor valor. No tendría sentido desde el punto de vista racional mudar algo, o convertir una cosa en otra para estar igual o peor que antes, atropellando, incluso, la Constitución Nacional, como ocurre con los proyectos de reforma económica de Petro.
El cambio solo se justifica sobre la premisa existencial de estar mejor que antes. Naturalmente que la consideración anterior solo aplica a los seres humanos que piensan y obran de manera racional, algo que es muy difícil de encontrar en el seno del Pacto Histórico y es escasa en la esfera gubernamental. Ciertamente, la irracionalidad domina el firmamento del pensamiento económico de los funcionarios de la administración Petro, quienes, de manera francamente ingenua, pretenden abandonar la exploración y la explotación de nuevos proyectos de hidrocarburos y gas; insisten en dejar enterrada la riqueza carbonífera nacional y especulan, sin fundamento, que el turismo es la panacea para reemplazar la columna vertebral de la economía colombiana. El Congreso Nacional también se mueve bajo el embrujo de la irracionalidad económica, al aprobar en segundo debate la prohibición del fracking en Colombia, tecnología que le ha permitido a Estados Unidos cimentar la seguridad y la soberanía energéticas.
De todos los revolcones del cambio por el cambio, sobresale en materia económica la reforma laboral, enrevesado proyecto que evidencia el summum de la irracionalidad del Gobierno, rayano en la negligencia. El objetivo oficial de la reforma laboral no es generar empleo, sino mejorar las condiciones laborales de los privilegiados que lo tienen, incluidos los apoltronados sindicalistas que beben en los desuetos abrevaderos del comunismo internacional. El negativo impacto de la reforma laboral es la reducción del crecimiento económico, el aumento del desempleo y la informalidad, asuntos que poco o nada le preocupan a la Casa de Nariño.
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