En estos tiempos de deterioro de los indicadores de comercio internacional de Colombia, resulta necesario poner el foco astringente de la luz pública en el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, conocido como Triple A. Al examinar sus objetivos y cuestionable funcionamiento, es forzoso reconocer que su opacidad lo transforma en la cámara oscura del comercio internacional de nuestro país.
El Comité Triple A es un organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, razón por la cual, en las materias sometidas a su consideración, los pronunciamientos se pueden traducir en recomendaciones, que en ningún caso reemplazan la función constitucional y legal del Poder Ejecutivo. El Gobierno Nacional puede y, en ocasiones, debe apartarse de las observaciones hechas por el mencionado Comité, por la autonomía con la que cuenta para expedir medidas tendientes a proteger la agricultura nacional, acorde con la Constitución Nacional.
Las sugerencias del Triple A no tienen carácter vinculante y obligatorio, pues lo contrario implicaría que los pronunciamientos de ese organismo desconocerían abiertamente el Artículo 189 de la Constitución Política, por medio del cual se faculta al Presidente de la República para regular el comercio internacional, potestad que no puede ser modificada por una norma de rango inferior. Se alteraría, igualmente, la jerarquía establecida en la Ley 7 de 1991, que rige nuestro comercio exterior.
En la medida en que raramente se cita al Consejo Superior de Comercio Exterior, encargado, según el Artículo 14 de la Ley 7 de 1991, de recomendar al Gobierno Nacional la adopción de normas para proteger la producción nacional contra las prácticas restrictivas internacionales, el Triple A se ha convertido en amo y señor de los destinos del sector productivo colombiano, que despliega un sesgo antiagrícola incontrovertible, dado que el cartera del ramo solo tiene un voto de nueve, contra cuatro del Ministerio de Comercio.
En los últimos meses, el susodicho Comité se ha consagrado a derrumbar la protección a la producción de alimentos, en contravía de lo dispuesto en el Artículo 65 de la Carta Magna, para lo cual ha procurado eliminar los aranceles y demás instrumentos de protección de los productos agrícolas que enfrentan las mayores distorsiones del planeta. El caso más aberrante es el de azúcar, pues a pesar de las declaraciones oficiales en contrario, la agenda No. 282 del malogrado Triple A del 27 de abril del 2015, pretendía perfeccionar la “suspensión de la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) para el azúcar y la eliminación del Fondo de Estabilización de Precios (Fepa)”. El Comité Triple A No. 286 del pasado 12 de agosto, convocado como “urgente, virtual y extraordinario”, buscaba rebajar, por teléfono, los aranceles de azúcar al 40 por ciento y entregarle el mercado nacional a las exportaciones subsidiadas de Brasil, con lo cual se pondría en serio riesgo la agroindustria azucarera y panelera colombiana. ¡Fallaron por un voto!
