El presidente del Banco Agrario, Álvaro Navas, le notificó al país –por intermedio de una entrevista concedida al diario El Tiempo, el pasado 7 de mayo–, que están “reinventando” la entidad con la creación de la nueva banca de infraestructura. Para llevar a cabo esta empresa no agropecuaria, anunció Navas, “utilizaremos los más de 10 billones de pesos que hay en la tesorería invertidos en TES”, en la financiación de las concesiones viales de cuarta generación (4G), cifra equivalente al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el cuatrienio 2010-2014.
El Banagrario gravitará en torno del inédito Decreto 816 del 2014, que incrementa los límites individuales de crédito y relaja los regímenes de inversión de los fondos de cesantías y de pensiones obligatorias. Los nuevos recursos se orientarán hacia la financiación de la infraestructura de 4G. La idea del Ejecutivo es compensar la pérdida de fondos derivada de la suspensión judicial de la venta de Isagen y la apatía de la banca privada.
Al examinar los balances del Banagrario al cierre del 28 de febrero pasado, verificamos que si bien el banco representa el 5 por ciento de los activos totales del sistema financiero colombiano, su cartera pesa el 3 por ciento. Las inversiones en TES por valor de 10 billones de pesos explican este descalce, transacciones que representan el 39 por ciento del total del sistema financiero. Esta inversión, segura, pero sin rentabilidad social, refleja la ausencia de gestión a favor de la agricultura colombiana. La cartera del Banco Agrario ascendió a 8,3 billones de pesos, suma inferior a sus inversiones en TES. Los resultados del Banagrario confirman que se puede hacer mucho más por el agro nacional que invertir el 60 por ciento de sus activos en títulos de deuda pública.
Para empeorar la situación, el Gobierno decidió tomar la liquidez del Banagrario –cuyo objeto principal es financiar las actividades agropecuarias– para desarrollar las obras de infraestructura de 4G. Con ello, se podría violar el Artículo 5º de los Estatutos del Banco, según el cual no menos del 70 por ciento de los nuevos créditos deberán dirigirse a la financiación de las actividades del campo colombiano.
El Ejecutivo debería buscar otras fuentes de capital para sus concesiones viales, distintas del Banco Agrario, sociedad estatal vinculada desde sus orígenes al Ministerio de Agricultura.
Los recursos ociosos del Banagrario podrían financiar un millón de viviendas rurales, con lo cual combatirían eficazmente la pobreza en el campo; permitirían cimentar una cultura de riesgo agrícola, a través de un ente oficial que asegure, con primas subsidiadas, las cosechas contra el cambio climático, plagas y enfermedades, bajas en los precios internacionales y fluctuaciones de la tasa de cambio.
