Venezuela se dirige, inexorablemente, hacia un sistema autocrático de Gobierno, en el cual la voluntad del mandatario será la suprema ley de la República. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Habilitante –en los dos debates reglamentarios–, por medio de la cual le concede, por un año, poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para que dicte decretos con rango, valor y fuerza de ley, como lo dispone la Constitución Bolivariana.
El Gobierno venezolano anunció una “poderosa ofensiva” para combatir, con la Ley Habilitante, una imaginaria “guerra económica”, que no es otra cosa que una economía de guerra generada por los controles y el dirigismo estatal, de arcaico estilo cubano-soviético, que reemplaza de forma creciente y terminante la actividad corporativa desplegada de manera quijotesca y soñadora por el sector privado.
Las secuelas del colectivismo marxista ubican a Venezuela como el país con la prima de riesgo más alta de la región, y posiblemente del mundo. Las demás consecuencias están a la vista: inflación galopante, desabastecimiento crónico de alimentos y materias primas esenciales para la manufactura, enmarcadas en una arbitraria restricción de divisas que empuja al sector productivo al borde del abismo económico, dependiente de los dólares que genera el vetusto sector petrolero estatal.
Con el propósito de apretar las clavijas de la potente maquinaria socialista, el presidente Maduro anunció mayores regulaciones para la “entrega de los dólares de la República, y a todo el que se le entregue va a tener que firmar un contrato de fiel cumplimiento de las obligaciones para los cuales se les entregan los dólares”.
Afirmó, igualmente, que “va a sacar por Ley Habilitante la ley de comercio exterior para garantizar el control de las importaciones y promoción de las exportaciones; la ley de precios, costos y ganancias para poner límites razonables y objetivos a las ganancias y los precios de los productos en Venezuela”, con lo cual extenderá el agobiante control cívico-militar a todos los eslabones y actividades empresariales de la cadena de producción, importación y distribución de comida, materias primas y artículos de primera necesidad.
Al examinar el contenido de la Ley Habilitante, si bien aparecen loables propósitos como la lucha contra la corrupción, el acaparamiento, la especulación y la defensa de la economía nacional, se incluyen facultades tan amplias que no parecen tener límite racional, tendientes a “establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, político y mediático”.
Análoga observación cabe respecto de la potestad para “dictar y/o reformar leyes que consoliden los principios de justicia social, eficiencia, equidad, productividad y solidaridad”, con lo cual pretenden asegurar “mayor suma de felicidad y buen vivir”.
