Mal haría el Ejecutivo en utilizar estas disposiciones de excepción para proteger la producción nacional o el empleo.
Cuando la política comercial privilegia la ideología sobre la racionalidad económica, surgen engendros como la propuesta del presidente Gustavo Petro de elevar los ‘aranceles inteligentes’ para contrarrestar las alzas de las tasas de interés del Banco de la República y proteger la agricultura, la industria y el trabajo nacionales.
La contradicción económica no podría ser mayor. La subida de las tasas de interés del Emisor busca reducir la demanda, y con ello, moderar los aumentos sostenidos de la inflación. Un incremento de los aranceles -por definición- aumenta los precios al consumidor, con lo cual se borra con el codo lo que se hace con la mano. Ahora bien, según la academia y la práctica comercial en boga, no existen los tales ‘aranceles inteligentes’. Los aranceles son derechos de aduana que se aplican a las importaciones de mercancías, los cuales, además de generar recursos fiscales al Estado, proporcionan una ventaja o protección temporal de los productos similares originados en el país.
El Gobierno incluyó su descabellada propuesta de ‘aranceles inteligentes’ en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, mediante la cual pretende equilibrar las condiciones de competencia de la producción nacional frente a las importaciones, defenderse de las prácticas desleales de comercio y darle prelación a la soberanía alimentaria. El Plan también plantea el uso de ‘aranceles inteligentes’ por razones de seguridad nacional, supuestamente en armonía con lo dispuesto por la Constitución, la ley y los acuerdos comerciales vigentes de Colombia.
Para defender la producción nacional de las importaciones y de la competencia desleal, el país tiene el arsenal consolidado en la OMC, la Comunidad Andina y 16 TLC, conformado por márgenes arancelarios, salvaguardias generales y específicas, derechos compensatorios y antidumping, que son suficientes para este propósito. China, por ejemplo, que generó un desequilibrio comercial de 14 mil millones de dólares en 2022, equivalente al total del déficit de la balanza comercial del país, bien podría ser objeto de la aplicación de estas medidas de defensa comercial. No se necesitan los mal llamados ‘aranceles inteligentes’.
La soberanía alimentaria no tiene nada que ver con el régimen comercial, definida por la FAO como el derecho de un país a elaborar sus políticas de producción, distribución y consumo de alimentos. El Ejecutivo confunde soberanía alimentaria con seguridad alimentaria, concepto que si podría estar relacionado con la política comercial, pero que por ignorancia supina, quedó al margen Plan de Desarrollo.
Las restricciones comerciales por seguridad nacional, regladas porla OMC, tienen que ver con el comercio de armas y situaciones de guerra exterior, que no aplican. Mal haría el Ejecutivo en utilizar estas disposiciones de excepción para proteger la producción nacional o el empleo, medidas que violarían los tratados comerciales de nuestro país y serían rechazadas, al unísono, por los socios comerciales.
ANDRÉS ESPINOZA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
