Propuesta metodológica de matemáticos de la Creg ‘considera la posibilidad de sustituir el biocombustible de producción nacional por el extranjero’.
El Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le están cavando la fosa a los biocombustibles colombianos. No es posible interpretar de otra manera la sombría intención de la Resolución 40953, que congeló sorpresivamente los precios, y por tanto, los ingresos de los productores nacionales de biocombustibles, a partir del pasado 6 de octubre.
Con análogo propósito, estos entes oficiales divulgaron para consulta pública el proyecto de Resolución 140 de 2016, cuya metodología y parámetros técnicos propuestos por la Creg para el cálculo de los ingresos de los productores de etanol y biodiésel, se podrían traducir en el cierre de las plantas de producción y el abandono de una inversión en biocombustibles valorada en 15 billones de pesos.
La propuesta metodológica de los matemáticos de la Creg “considera la posibilidad de sustituir el biocombustible de producción nacional por el extranjero”. Ningún país en el mundo diseña una política de apoyo a los combustibles alternativos a los carburantes contaminantes de origen fósil, derivados de petróleo, fundamentado en materias primas o biocombustibles importados.
Colombia pasaría a ser la excepción, y probablemente la única economía en el planeta que concebiría una política gubernamental que le impida a los productores recuperar los costos de producción y tener una rentabilidad comercial, conceptos que reemplaza por “costos eficientes” de terceros mercados, esencialmente de Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos suministros están distorsionados por políticas de subsidios y protección.
La propuesta de referencia de la Creg para la regulación tarifaria por parte del Ministerio de marras, desnaturaliza completamente el alcohol carburante y el biodiésel, habida cuenta que “no contempla consideraciones de sectores distintos al energético”.
Con ello, la Creg viola abiertamente la Ley 693 de 2001, que en su artículo tercero, determina un tratamiento especial para el etanol y el biodiésel, como consecuencia de sus aportes al saneamiento ambiental, la autosuficiencia energética, el fomento de la producción agropecuaria y el empleo productivo del país agrícola e industrial.
El Ministerio del ramo y la Creg resolvieron congelar los precios de los biocombustibles y proponer cambios a los parámetros de cálculo de sus tarifas, sin consultarle previamente a la Comisión Intersectorial de Biocombustibles, creada por el Decreto 2328 de 2008 y encargada de la coordinación del proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas en materia de biocombustibles de las entidades estatales, de la cual hacen parte las carteras de Agricultura, Energía, Ambiente, Transporte, Comercio e Industria y el DNP.
En consecuencia, urge descongelar rápidamente los precios de los biocombustibles; igualmente, resulta imprescindible retirar de inmediato el proyecto de resolución de la Creg, como solicitan formalmente los presidentes ejecutivos de la Federación de Biocombustibles, Asocaña y Fedepalma, dado que la propuesta oficial desmantela la política nacional de biocombustibles y “hace absolutamente inviable al sector entero”, incluida la inversión de 2,3 billones de pesos de Ecopetrol en las plantas de Bioenergy y Ecodiesel.