Los ministros de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y de Comercio Exterior, Santiago Rojas, anunciaron en Portafolio la conformación de una alianza estratégica sin precedentes para trabajar conjuntamente por la competitividad del sector rural y la calidad de vida de la gente del campo.
La plataforma que cimenta esta coalición oficial tiene que ver con el cambio en la concepción política del Ministerio de Agricultura, que ahora califica los TLC como una oportunidad para los exportadores agropecuarios, en lugar de tratarlos como amenaza.
El ministro Lizarralde advierte, con toda razón, que el verdadero desafío que está demoliendo la estructura económica nacional es el lavado de dinero que ingresa al país camuflado como contrabando de mercancías.
Al visualizar los TLC como un instrumento para acceder a los mercados internacionales, el Gobierno Nacional tendrá que adecuar sus programas de apoyo sectorial, y los productores sus planes de negocios, para satisfacer la demanda externa en condiciones de precio, calidad e inocuidad alimentaria. Ambos ministerios coinciden en la importancia de vincular los sectores agropecuario e industrial con los eslabones al interior de sus cadenas productivas, “más allá de generar esquemas de asociatividad entre pequeños productores y conectarlos con grandes comercializadores”.
El tránsito de las formulaciones generales a las acciones específicas requiere una agenda dinámica común, fundamentada en la transparencia y la concertación plena con los gremios del sector, que facilite la identificación de los cuellos de botella que estrangulan la competitividad del agro y garantice la definición de soluciones concretas de corto, mediano y largo plazo.
La hoja de ruta de la nueva alianza debería rescatar el concepto de apuesta exportadora sectorial, que examina los bienes agropecuarios y los municipios productores, que serían posteriormente priorizados en función de los requerimientos comerciales, técnicos y sanitarios de los mercados internacionales.
Este es el punto de partida del aprovechamiento efectivo de los TLC, que permitiría también determinar las trabas no arancelarias que enfrentan los exportadores colombianos, trabajo mancomunado que no puede trasladarse completamente al sector privado, como ocurre actualmente.
Considerando que la defensa de la agricultura es una obligación constitucional insoslayable, es preciso hacerle un seguimiento conjunto, técnico y minucioso al comercio exterior colombiano, y en particular a los TLC que abarquen la agricultura, a fin de identificar el aumento de las importaciones que superen los límites negociados o vulneren las disposiciones convenidas.
Ello habilitaría el uso oportuno de los instrumentos legítimos de defensa comercial que protejan la producción agropecuaria y el empleo local de la competencia desleal.
Para que lo anterior sea una realidad, resulta fundamental reformar el funcionamiento del Comité Asesor de Asuntos Aduaneros, de tal forma que, en los temas agropecuarios, el concepto del Ministerio del ramo sea legalmente vinculante.
